La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.
El tribunal consideró que no existió incumplimiento contractual bajo la ley aplicable, lo que desarma el eje central de la demanda impulsada por fondos que habían adquirido los derechos litigiosos del Grupo Petersen, entre ellos Burford Capital.
La resolución respaldó la postura del Estado argentino, que sostuvo que la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llevó a cabo mediante una ley del Congreso, por lo que debía analizarse bajo el derecho público argentino y no como un incumplimiento de contrato privado.
En ese sentido, el fallo valida uno de los argumentos centrales del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, quien impulsó la nacionalización de la petrolera.
Los demandantes sostenían que el Estado debía realizar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, tal como establece el estatuto de la empresa. Sin embargo, la Cámara entendió que una ley de expropiación prevalece sobre ese tipo de obligaciones societarias.
De esta manera, el tribunal concluyó que los reclamos por incumplimiento contractual “no son reconocibles bajo el derecho argentino”, lo que dejó sin sustento la condena dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska.
El caso había tenido un fallo adverso para el país en 2023, cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares.
La decisión de la Cámara se tomó por mayoría, con los votos de los jueces Denny Chin y Sarah Merriam, mientras que José Cabranes votó en disidencia.
Repercusiones políticas
Tras conocerse el fallo, el Gobierno celebró el resultado y lo calificó como un “triunfo histórico” que resguarda los recursos del país.
El presidente Javier Milei también se refirió al tema y destacó que “se evitó un pago millonario”, al tiempo que apuntó contra la gestión anterior y el rol de Kicillof en la estatización de la empresa.
Un caso que puede continuar
Pese al fallo favorable, el proceso judicial no está completamente cerrado. Las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.
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