Según una investigación publicada por La Nación, la magistrada Loretta A. Preska Rochon desestimó los argumentos presentados por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, al considerar “insuficientes” las pruebas para demostrar que los activos generados por la criptomoneda Libra pertenecen al Estado argentino.
En una resolución de 33 páginas, a la que accedió el diario, la jueza sostuvo que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”. No obstante, deslizó que los beneficiarios de los fondos podrían ser “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”.
Rochon también analizó la figura de Davis, un joven empresario norteamericano, y señaló que habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlas en la economía argentina”.
La magistrada cuestionó además la estrategia de los demandantes, a quienes acusó de realizar una “excursión de pesca”, al pedir documentación y comunicaciones de Meteora —la plataforma utilizada para el lanzamiento de Libra— con el fin de obtener información especulativa.
En sus conclusiones, Rochon enfatizó que, incluso si existieran vínculos financieros entre la criptomoneda $LIBRA y el entorno presidencial, las jurisdicciones competentes para investigarlos serían la Justicia inglesa y la argentina, no los tribunales estadounidenses.
Los fondos demandantes, acreedores del Estado argentino por bonos en default desde 2001, habían conseguido en 2023 un fallo favorable en la Justicia británica, que ordenaba al país pagar más de 1.500 millones de euros. Ante el incumplimiento de esa sentencia, solicitaron embargos sobre activos que —según su hipótesis— estarían vinculados a la criptomoneda Libra.
Con esta nueva decisión, la jueza Rochon cerró esa vía al concluir que no hay indicios que vinculen los fondos de Libra con el patrimonio estatal.
En su argumentación, citó además un informe de la Oficina Anticorrupción argentina, que consideró que la promoción del proyecto Libra por parte del presidente Milei debe entenderse como una iniciativa privada y no como un acto oficial.
Pese a esa aclaración, la resolución deja abierta la sospecha de que el mandatario o personas cercanas a él podrían haber obtenido beneficios personales a partir del desarrollo y promoción de la criptomoneda.
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