La CGT recusó a los jueces que reactivaron la ley y pidió la nulidad del fallo

La Confederación General del Trabajo avanzó este lunes con una ofensiva judicial contra la reciente reactivación de la reforma laboral al recusar a los magistrados que dejaron sin efecto la cautelar que la había frenado. Además, solicitó la “nulidad absoluta” del fallo que volvió a poner en vigencia la normativa.

La central obrera presentó un escrito contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al considerar que incurrieron en “prejuzgamiento” al anticipar criterios sobre el fondo de la causa.

Según argumentó la CGT, ambos magistrados expresaron en su resolución que la reforma no afecta a sectores vulnerables ni compromete condiciones de vida digna, lo que —para la organización sindical— implica un adelantamiento de opinión incompatible con su rol en esta instancia del proceso.

Cuestionamientos por “falta de imparcialidad”

El planteo también apunta particularmente contra Pesino, a quien la CGT acusa de “favorecer la posición del Estado nacional” mientras, en paralelo, fue beneficiado con una solicitud ante el Consejo de la Magistratura para continuar en su cargo más allá de los 75 años.

Desde la central obrera sostienen que esta situación configura “una causa objetiva de apartamiento”, al vincular un beneficio personal con una decisión judicial favorable al Gobierno.

En el escrito, al que accedió Noticias Argentinas, se califica la conducta del Estado como “descalificable” y se advierte sobre un deterioro en la división de poderes:

“La sociedad asiste a la demolición de la credibilidad en el Estado de Derecho”, señala el documento.

Rechazo al criterio del fallo

La CGT también cuestionó con dureza los fundamentos del fallo que reactivó la reforma laboral. En particular, rechazó la afirmación de que los trabajadores en relación de dependencia no constituyen un sector vulnerable.

Para la organización, ese criterio desconoce el carácter “alimentario” de los derechos laborales y minimiza el impacto de las modificaciones introducidas por la ley.

En ese sentido, la central expresó su “desazón” ante lo que considera una interpretación regresiva de derechos por parte de jueces especializados en materia laboral.

Un conflicto judicial en escalada

La recusación abre un nuevo capítulo en la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que ya había sido parcialmente suspendida por una cautelar previa.

Con este movimiento, la CGT busca frenar nuevamente la aplicación de la norma y cuestionar la legitimidad del fallo que la restituyó, en un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el movimiento sindical.