El Gobierno nacional ratificó la precalificación técnica de los dos consorcios internacionales que continúan en carrera para quedarse con la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la estratégica vía navegable por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 28/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, luego del análisis técnico de las propuestas correspondientes al “Sobre N°2” del proceso licitatorio.
Las empresas que avanzaron a la etapa económica son la belga Jan De Nul, asociada a Servimagnus S.A., actual operadora de la hidrovía, y DEME, otro gigante internacional del dragado y obras de infraestructura marítima.
En cambio, la firma brasileña DTA Engenharia había quedado fuera del proceso en una instancia previa al ser declarada inadmisible.
Según se desprende del texto oficial, ambos consorcios habían presentado observaciones al orden de mérito elaborado por la Comisión Evaluadora. Sin embargo, la ANPYN rechazó los planteos “in límine” al considerar que no cumplían con las garantías exigidas para impugnar el proceso y que, además, no aportaban nuevos elementos técnicos que justificaran revisar las calificaciones.
Con esta resolución, la licitación entra ahora en su tramo decisivo. La apertura del “Sobre N°3”, que contiene las ofertas económicas de las compañías precalificadas, fue programada para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del sistema oficial CONTRAT.AR.
La licitación pública nacional e internacional N°1/2025 apunta a adjudicar, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, las tareas de dragado, redragado, señalización y control hidrológico de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.
El corredor licitado se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, en el Río de la Plata exterior.
El proceso forma parte de la reorganización impulsada por el Gobierno nacional tras el DNU 3/2025, que dispuso la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la creación de la ANPYN como nuevo organismo autárquico encargado del sistema portuario y de navegación.
Desde el Ejecutivo destacaron además que el proceso contó con asistencia técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y que durante la elaboración del pliego se habilitaron instancias de participación ciudadana y consultas técnicas, que acumularon más de 200 observaciones de interesados del sector.
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