La justicia federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de doce personas que permanecían enterradas en un terreno lindero a lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, uno de los símbolos del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina.
El anuncio fue realizado por el juzgado federal a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que trabaja en estas horas en la notificación a las familias de las víctimas identificadas. Recién cuando los familiares sean informados y autoricen la difusión de los nombres, se convocará a una conferencia de prensa para brindar detalles del hallazgo.
El trabajo de los antropólogos forenses
Las identificaciones fueron posibles gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en conjunto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los trabajos de búsqueda en el área delimitada comenzaron el 16 de septiembre del año pasado, y rápidamente dieron sus primeros frutos con el hallazgo de restos óseos humanos.
Desde el juzgado se habla de «resultados parciales», lo que indica que las tareas podrían continuar y que hay expectativas de identificar a más víctimas en el mismo predio. Por eso, desde el EAAF solicitaron a las familias de personas desaparecidas que mantengan actualizados sus datos de contacto.
La Perla: un campo de exterminio
La Perla funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978, en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, sobre la Ruta 20 que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. Según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en ese lugar, y la gran mayoría permanece desaparecida.
A diferencia de lo que ocurría en la ESMA, donde los cuerpos eran arrojados al mar en los llamados «vuelos de la muerte», en Córdoba la modalidad predominante fue el enterramiento. «Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo», sintetizó Teresa Meschiatti, sobreviviente del campo, para graficar la mecánica del exterminio.
Los represores utilizaban eufemismos siniestros para referirse a las fosas: hablaban de «los pozos», «el metro ochenta» o «ver crecer los rabanitos desde abajo». Los «traslados» —como llamaban a las ejecuciones— solían realizarse en camiones Mercedes Benz, a los que los tortuadores bautizaron irónicamente como «Menéndez Benz», en alusión al comandante del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez.
El testimonio de un represor
Un dato clave para las investigaciones fue el testimonio del teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en 2004, al reclamar un ascenso, reconoció haber participado en fusilamientos en La Perla —incluyendo el de una mujer que acababa de parir— y detalló que después de las ejecuciones los cuerpos eran arrojados a pozos y quemados.
Bruno Laborda también confesó haber participado «activamente» en la remoción de cadáveres en 1979, meses antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según su versión, se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros para sacar los restos, que luego eran «compactados» y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja.
Verdad, memoria y justicia
El anuncio de las identificaciones se produce a pocos días de que se cumplan 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. En ese contexto, el hallazgo adquiere una dimensión simbólica profunda: demuestra que, pese a los intentos de ocultamiento y negación, la verdad termina imponiéndose.
Cada identificación restaura, aunque sea parcialmente, la identidad de quienes fueron arrancados de sus vidas y enterrados como NN. Y devuelve a sus familias la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos para darles la despedida que les fue negada durante casi cinco décadas.
La lucha de los organismos de derechos humanos, el trabajo incansable de la justicia y la ciencia al servicio de la memoria permiten que, una vez más, la verdad salga a la luz
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