El Poder Ejecutivo oficializó esta madrugada la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, establece una reducción de la edad de imputabilidad y crea un sistema de penas graduadas que considera tanto la edad del menor como las circunstancias del delito cometido.
La iniciativa obtuvo la aprobación del Senado durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, consolidando un nuevo triunfo legislativo para La Libertad Avanza (LLA).
El proyecto original del oficialismo fijaba la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, en el marco de las negociaciones parlamentarias con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el umbral a los 14 años para asegurar el consenso político y los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Esta modificación permitió al Gobierno contar con el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR, cuyos referentes consideraban que los 14 años representaban un punto de equilibrio más sólido, alineado con los estándares regionales.
El nuevo régimen de penas graduadas contempla medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social, en línea con los modelos aplicados en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, donde la edad de imputabilidad se fija en 14 años. Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, por su parte, establecen el límite en los 12 años.
Comentarios de las entradas (0)