El Gobierno nacional puso en marcha un régimen voluntario para cancelar deudas con empresas contratistas de obra pública mediante la entrega de bonos del Tesoro, por un monto total de US$146,4 millones, ante la falta de partidas presupuestarias para afrontar esos pagos en efectivo.
La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, que crea el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.
El programa alcanzará deudas generadas entre enero de 2022 y diciembre de 2025, correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios.
Según el Gobierno, la decisión busca regularizar obligaciones pendientes sin comprometer el equilibrio fiscal, luego de un relevamiento realizado por las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas.
Cómo será el pago
Las acreencias se cancelarán mediante una combinación de títulos públicos, distribuidos de la siguiente manera:
- 33% en LECAP, con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
- 33% en BONCAP, con vencimiento el 15 de enero de 2027.
- 34% en BONCAP, con vencimiento el 30 de abril de 2027.
Los bonos serán entregados a su valor técnico vigente al día hábil anterior a la transferencia.
Quiénes podrán adherirse
El régimen está destinado a contratistas con obras ejecutadas bajo la Ley de Obras Públicas N.º 13.064 o con financiamiento de organismos multilaterales, incluyendo contratos vigentes y aquellos finalizados desde el 1 de enero de 2024.
La adhesión es voluntaria, pero las empresas deberán desistir de todas las acciones administrativas y judiciales vinculadas a los contratos alcanzados, además de renunciar a futuros reclamos por eventuales alteraciones de la ecuación económico-financiera derivadas de esta modalidad de pago.
Las firmas interesadas tendrán 10 días hábiles para solicitar su incorporación al régimen a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Una vez aceptada la adhesión, contarán con otros diez días para presentar la liquidación de sus acreencias, que será auditada por los organismos competentes y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la firma de los acuerdos definitivos.
Comentarios de las entradas (0)