El Gobierno nacional resolvió dejar de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y menores con cáncer, trasladando esa responsabilidad económica a las empresas de transporte.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la cual se derogó el esquema de compensaciones económicas que el Estado Nacional otorgaba a las compañías de transporte por los boletos emitidos sin cargo en el marco de distintas leyes de protección social.
La normativa eliminada contemplaba compensaciones parciales para los pasajes otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera registrados en el SINTRA y menores alcanzados por la Ley de Oncopediatría.
En los fundamentos de la nueva resolución, el Ejecutivo argumentó que el sistema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y bajo un modelo de fuerte intervención estatal sobre las tarifas del transporte.
Según sostuvo el Gobierno, la desregulación del transporte automotor interjurisdiccional impulsada mediante el Decreto 883/2024 modificó el esquema vigente y estableció un sistema basado en la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la competencia entre empresas.
En ese marco, desde la Secretaría de Transporte consideraron que las empresas ahora cuentan con la posibilidad de fijar libremente precios, recorridos y horarios, por lo que pueden absorber dentro de sus costos operativos el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a la gratuidad de pasajes.
De esta manera, la administración de Javier Milei entiende que el costo de los boletos gratuitos debe ser afrontado directamente por las compañías de transporte como parte de su actividad comercial.
No obstante, el Gobierno aclaró que la medida no elimina el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos. En la resolución se remarca expresamente que continúan plenamente vigentes las leyes 22.431, de protección integral para personas con discapacidad; 26.928, para personas trasplantadas; y 27.674, de protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer.
“El eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”, señala el texto oficial.
Además, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantener los mecanismos de control y fiscalización para garantizar que las empresas continúen otorgando los pasajes gratuitos pese a la eliminación de las compensaciones estatales.
La medida comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y contempla una cláusula para garantizar el pago de compensaciones ya devengadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
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