El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre las que se encuentran las disposiciones que dieron marco a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar anticipadamente sus aranceles.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el marco del proceso de modernización y simplificación administrativa impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.
Desde el Ejecutivo señalaron que las derogaciones buscan aportar mayor claridad al marco normativo vigente, facilitar su interpretación y reducir la incertidumbre jurídica mediante la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas o redundantes.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que muchas de las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el funcionamiento del mercado.
Entre las normas derogadas figuran 22 vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención estatal creado para incidir sobre los precios de la cadena triguera.
La resolución señala que, tras la revocación del contrato y la liquidación del fideicomiso del FETA, toda la normativa complementaria y reglamentaria relacionada con su implementación quedó sin objeto ni sustento legal.
Asimismo, fueron eliminadas 30 normativas correspondientes a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, además de una disposición complementaria de Precios Cuidados.
Al respecto, el texto oficial sostiene que estos programas de fomento al consumo y la producción dejaron de estar vigentes al no haber sido prorrogados. Además, argumenta que su discontinuidad forma parte de un proceso de normalización del mercado crediticio destinado a restablecer las señales de precios y eliminar distorsiones en la asignación de capital.
También fueron derogadas cuatro normativas que obligaban a las instituciones educativas privadas a comunicar con anticipación los aumentos de sus aranceles. Según el Gobierno, ese mecanismo incentivaba incrementos preventivos y arbitrarios por parte de los establecimientos.
En esa línea, el Ejecutivo consideró que la obligación de informar previamente los valores y contar con aval oficial para aplicarlos limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones a las fluctuaciones del mercado y a la evolución de sus costos operativos, generando además incertidumbre económica.
Por otra parte, quedó sin efecto una normativa destinada a la atención de reclamos de adolescentes consumidores que, según el Gobierno, duplicaba funciones ya contempladas en otros mecanismos vigentes. La decisión apunta a concentrar esas gestiones en un único canal especializado para agilizar las respuestas.
Al destacar la continuidad de su política de desregulación, el Gobierno recordó que desde diciembre de 2023 la Secretaría de Industria, Comercio y PyME lleva adelante una revisión integral de la normativa vigente con el objetivo de simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual.
En ese sentido, remarcó que ya fueron derogadas 240 normas vinculadas al comercio, con el propósito de reducir la burocracia, simplificar los procedimientos y otorgar mayor transparencia al funcionamiento de los mercados.
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