La decisión se formalizó a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, que habilita a nueve provincias —Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz— a asumir funciones operativas sobre corredores viales estratégicos.
El esquema permite que los gobiernos provinciales otorguen concesiones para el mantenimiento, administración y eventual ampliación de las rutas, con financiamiento a través de peajes. Sin embargo, la titularidad de los caminos seguirá en manos del Estado nacional, que mantendrá tareas de supervisión a través de Vialidad Nacional.
Aunque desde la Casa Rosada se presentó la medida como un avance hacia un “federalismo operativo”, la decisión también expone un criterio selectivo: solo accedieron al esquema provincias con mayor alineamiento político con el Ejecutivo, mientras que otras, como La Pampa, quedaron relegadas pese a los reiterados pedidos para hacerse cargo de tramos críticos.
En el caso pampeano, el reclamo se había intensificado en los últimos meses debido al deterioro de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento por parte del Estado nacional, en el marco de la política de obra pública cero impulsada por la actual gestión.
La normativa establece que las provincias tendrán un plazo de un año para lanzar las licitaciones y 90 días para adjudicar los contratos. Si no cumplen con esos tiempos, la delegación se dará de baja automáticamente. Además, las concesiones no podrán superar los 30 años.
Detrás de la medida aparece una doble lógica: por un lado, el Gobierno busca reducir su participación directa en la obra pública y trasladar responsabilidades a las provincias; por otro, utiliza la herramienta como forma de fortalecer vínculos con gobernadores en un contexto económico y político complejo.
Mientras tanto, otras jurisdicciones quedaron a la espera. El propio decreto deja abierta la posibilidad de que nuevas provincias se sumen, aunque bajo condiciones que dependerán tanto de criterios técnicos como de la relación política con la Nación.
En ese escenario, la exclusión de La Pampa reaviva el reclamo por el estado de las rutas y suma un nuevo capítulo a las tensiones entre el gobierno provincial y la Casa Rosada, con impacto directo en la seguridad vial y la conectividad de la región.
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