El Estado pondrá en licitación sus participaciones en las centrales Manuel Belgrano, José de San Martín y Guillermo Brown. Las dos primeras saldrán a licitación nacional e internacional, mientras que la tercera deberá completar previamente la extinción de un fideicomiso.
El Gobierno nacional autorizó la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina (ENARSA) y dispuso la venta de las participaciones accionarias que la empresa estatal posee en tres sociedades vinculadas con centrales termoeléctricas.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1107/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de ENARSA autorizado por la Ley de Bases.
La decisión alcanza a Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín y Central Termoeléctrica Guillermo Brown.
Qué porcentaje venderá el Estado
En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano, ENARSA pondrá a la venta la totalidad de sus acciones, equivalentes al 65,01% del capital social.
En Termoeléctrica José de San Martín, la participación estatal que será licitada representa el 68,83% de la compañía.
En ambos casos, el Ministerio de Economía deberá avanzar mediante licitaciones públicas de alcance nacional e internacional. El resto de las acciones permanece en manos de agentes privados del Mercado Eléctrico Mayorista que participaron del esquema FONINVEMEM.
Guillermo Brown tendrá un proceso diferente
La situación de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown es distinta.
El fideicomiso correspondiente tiene prevista su extinción para el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente deberán realizarse los actos societarios necesarios para incorporar formalmente a ENARSA como accionista.
Recién después de completar ese procedimiento podrá licitarse la totalidad de las acciones que queden en manos de la empresa estatal.
El decreto recuerda que los acuerdos previos establecieron que la participación de ENARSA en Guillermo Brown no podrá ser inferior al 70% del capital accionario.
Sin Programa de Propiedad Participada
El procedimiento no contempla un Programa de Propiedad Participada ni preferencias específicas para la adquisición de las acciones.
Sin embargo, los futuros pliegos deberán respetar los derechos de preferencia que ya tengan los restantes accionistas de las tres sociedades de acuerdo con sus respectivos estatutos.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y trabajará junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para elaborar los procedimientos y concretar las licitaciones.
El decreto también establece que la documentación vinculada con esta segunda etapa será remitida a la Comisión Bicameral del Congreso prevista en la Ley de Reforma del Estado.
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