El Tribunal de Disciplina de la Federación Pampeana de Básquetbol sancionó a un simpatizante de Sportivo Independiente de General Pico por graves expresiones dirigidas al árbitro Andrés Febre, relacionadas con la muerte de su hijo. Otros tres espectadores también fueron castigados y All Boys recibió un apercibimiento por las condiciones de seguridad de su estadio.
El básquet pampeano conoció una de las sanciones disciplinarias más severas de los últimos tiempos. El Tribunal de Disciplina de la Federación Pampeana de Básquetbol (FEPAMBA) resolvió inhabilitar durante cinco años a Martín Alison, simpatizante de Sportivo Independiente de General Pico, por los incidentes registrados durante el encuentro frente a All Boys de Santa Rosa, correspondiente al Torneo Pre-Federal masculino.
La decisión se conoció después de varios días de tensión en la actividad, que incluyeron una medida de fuerza de los árbitros en reclamo de garantías de seguridad y sanciones para los responsables de las agresiones.
El episodio ocurrió el viernes 24 de octubre en el estadio José Aquiles Regazzoli, durante el partido que All Boys ganó por 81 a 77.
De acuerdo con la resolución disciplinaria, Alison profirió insultos contra el árbitro Andrés Febre, utilizando referencias a la muerte de su hijo Joaquín, también árbitro de básquetbol, fallecido en un accidente de tránsito en diciembre de 2023.
La gravedad de las expresiones y los posteriores incidentes llevaron al organismo a aplicar una sanción que le impedirá ingresar durante cinco años a cualquier estadio donde se disputen encuentros oficiales organizados o fiscalizados por FEPAMBA o la Confederación Argentina de Básquetbol.
Los incidentes que desencadenaron la sanción
El conflicto comenzó durante el tercer cuarto del encuentro, cuando Alison, ubicado detrás de la mesa de control, dirigió expresiones agraviantes hacia Febre.
La situación motivó su expulsión del estadio cuando restaban 7 minutos y 35 segundos para finalizar ese período.
Sin embargo, según el informe disciplinario, el espectador permaneció en las inmediaciones e intentó regresar en varias oportunidades.
Una vez finalizado el partido, volvió a ingresar al campo de juego e increpó a los árbitros, en medio de un clima de tensión que requirió la intervención del personal de seguridad.
En su descargo, Alison negó haber pronunciado las expresiones denunciadas y sostuvo que sus palabras habían sido diferentes a las consignadas por los jueces.
Ante la contradicción entre las versiones, el Tribunal convocó a declarar a la encargada de la planilla digital del encuentro, Pamela Calfuan, quien respaldó el relato de los árbitros.
A partir de ese testimonio y de los informes oficiales, el organismo consideró acreditada la conducta denunciada y valoró como agravante el posterior reingreso al campo de juego.
Otros tres espectadores también fueron sancionados
La resolución disciplinaria no se limitó al simpatizante de Independiente. Otras tres personas recibieron suspensiones por distintos episodios ocurridos durante el mismo partido.
Cintia Carina Zalabardo, simpatizante de All Boys, fue sancionada con un mes de suspensión por insultar a las autoridades del encuentro. El Tribunal consideró como atenuante que reconociera su comportamiento y ofreciera disculpas.
Sebastián Gerardo Tumminello, identificado como espectador y colaborador de Independiente de General Pico, recibió dos meses de inhabilitación por sujetar del brazo y de la camiseta a uno de los árbitros y posteriormente insultarlo.
También fue suspendido por dos meses Javier Quaglia, integrante de la parcialidad visitante, por amenazas de agresión física contra los jueces después del encuentro.
Según el informe, las intimidaciones incluyeron referencias a futuros partidos que los árbitros pudieran dirigir en General Pico.
All Boys recibió una advertencia por la seguridad del estadio
El Tribunal de Disciplina también formuló un apercibimiento al Club Atlético All Boys de Santa Rosa por las condiciones de seguridad del estadio José Aquiles Regazzoli.
Aunque reconoció que la institución había contratado cuatro efectivos de seguridad privada, cuya intervención evitó que los incidentes terminaran en agresiones físicas, señaló deficiencias en las instalaciones destinadas a las autoridades deportivas.
En particular, cuestionó que el vestuario arbitral no cuente con un acceso directo y protegido desde el campo de juego.
La Federación exigió que se garanticen condiciones adecuadas para preservar la integridad de los jueces y advirtió que futuras irregularidades podrían derivar en la clausura o suspensión del estadio.
Una protesta arbitral que puso en alerta al torneo
Los incidentes provocaron una fuerte reacción de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet y Comisionados de La Pampa, que anunció una retención de tareas desde el lunes 26 de octubre.
La organización reclamó sanciones concretas y garantías para que los jueces pudieran desarrollar su trabajo sin amenazas ni agresiones.
La medida fue levantada provisoriamente después de que FEPAMBA dispusiera suspensiones preventivas contra las personas involucradas, lo que permitió reanudar las designaciones arbitrales.
Sin embargo, los representantes de los árbitros dejaron en claro que la continuidad de la actividad dependería de la respuesta institucional y de la existencia de condiciones efectivas de seguridad.
La resolución definitiva del Tribunal constituye ahora una respuesta concreta a esos reclamos.
Un antecedente para combatir la violencia deportiva
El fallo, firmado por los integrantes del Tribunal de Disciplina Luciano Cena y Federico Cantarella, establece sanciones individuales y obligaciones para las instituciones organizadoras.
Las personas sancionadas conservan la posibilidad de presentar los recursos previstos por la reglamentación vigente.
Más allá de las consecuencias deportivas, el caso vuelve a poner en discusión los límites de las conductas de los espectadores y la responsabilidad de los clubes en la prevención de situaciones violentas.
El episodio adquiere especial gravedad por la utilización de una tragedia familiar para agraviar a una autoridad deportiva, una conducta que generó un amplio rechazo dentro del ambiente del básquet provincial.
Con una inhabilitación de cinco años, otras tres suspensiones y una advertencia institucional, la Federación Pampeana de Básquetbol estableció un precedente disciplinario frente a las agresiones y amenazas contra los árbitros, en un torneo que busca recuperar la normalidad después de varios días de conflicto.
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