La Cámara de Diputados puso en discusión el creciente sobreendeudamiento de las familias argentinas, un fenómeno que se profundiza en el actual contexto económico y que ya alcanza a millones de personas que no logran cumplir con sus compromisos financieros.
Durante una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, se expuso que 4,8 millones de personas registran una mora superior a tres meses en el pago de deudas, ya sea con tarjetas de crédito o préstamos otorgados por billeteras virtuales, una cifra que refleja la magnitud del problema.
El presidente de la comisión, Hugo Yasky, advirtió que el crédito dejó de ser una herramienta de acceso al consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia. “Las familias se endeudan para comer, pagar tarifas o comprar medicamentos”, señaló, al tiempo que denunció la falta de regulación sobre los intereses y punitorios que aplican fintech y financieras informales.
El debate dejó en evidencia que el fenómeno no es aislado sino estructural. Según datos citados en la comisión, el endeudamiento de los hogares supera los 39 billones de pesos, con una morosidad que trepó al 10,6%, el nivel más alto en más de una década.
Especialistas convocados coincidieron en que el problema se agrava por la combinación de ingresos deteriorados, inflación persistente y acceso a créditos con tasas elevadas. En ese marco, advirtieron que el endeudamiento ya no responde a gastos extraordinarios sino a la cobertura de necesidades básicas.
También se alertó sobre el crecimiento de prácticas abusivas en los sistemas de cobranza, con situaciones de hostigamiento hacia deudores e incluso sus entornos familiares, en un mercado donde la regulación resulta insuficiente frente al avance de nuevas plataformas financieras.
Desde distintos sectores se planteó la necesidad de avanzar en una legislación que brinde alivio a las familias, tomando como referencia experiencias internacionales que permiten reestructurar deudas o limitar los efectos del sobreendeudamiento.
Sin embargo, más allá de los proyectos en discusión, el diagnóstico compartido durante el debate fue contundente: el aumento de la morosidad no es solo un problema financiero, sino una consecuencia directa de un modelo económico que empuja a amplios sectores de la población a endeudarse para sostener su vida cotidiana.
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