El escrito presentado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) sostiene que las cabañas construidas en la Reserva Provincial Parque Luro fueron utilizadas de manera recurrente para alojar contingentes de adultos mayores del programa Cumelén, provenientes de más de 15 localidades pampeanas —entre ellas General Pico, Eduardo Castex, Toay y Telén—, así como a integrantes de la organización Posta Mariana, acompañados por el municipio de Toay.
Según la presentación, el principal cuestionamiento es que esas unidades habitacionales aún no formaban parte de la concesión vigente ni habrían sido adjudicadas formalmente mediante el procedimiento administrativo correspondiente al momento de su utilización.
En relación con el contingente de Posta Mariana, el denunciante afirma que la Subsecretaría de Turismo había solicitado inicialmente autorización para realizar un campamento en el sector habilitado de la reserva, aunque finalmente el grupo fue alojado en las cabañas, sin que —según sostiene el escrito— exista un acto administrativo que respalde ese cambio de modalidad.
La denuncia aclara expresamente que no pretende atribuir responsabilidades ni formular acusaciones personales, sino determinar si el uso de las instalaciones se ajustó al marco legal vigente y si las personas alojadas contaban con las condiciones de seguridad y las coberturas de seguro correspondientes.
La documentación solicitada
En el pedido presentado ante la FIA se solicita a la Secretaría de Turismo que remita diversa documentación oficial para esclarecer lo ocurrido, entre ella:
- El convenio firmado en el marco del programa «50 Destinos» y los informes técnicos sobre el destino previsto para la infraestructura.
- Las resoluciones o actos administrativos que autorizaron el uso de las cabañas, identificando a los funcionarios intervinientes y la participación del secretario de Turismo, Saúl Echeveste.
- La documentación que acredite las habilitaciones técnicas y administrativas de las cabañas al momento de su utilización.
- Las pólizas de seguro de responsabilidad civil que hubieran cubierto a las personas alojadas durante las distintas actividades.
Con la presentación ya ingresada, será la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la que deberá resolver si abre una investigación formal para requerir la documentación solicitada y determinar si existieron o no eventuales irregularidades administrativas en el uso de las instalaciones del Estado provincial.
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