La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en procesos de contratación pública y en la concesión del predio de Tecnópolis, que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio estatal durante el período 2025-2026.
Según el escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría sido adjudicada a la empresa ATX S.A. por más de $3.650 millones, destinada al envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese marco, se advierten posibles vínculos entre distintas firmas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia.
Además, la denuncia señala diferencias de precios en procesos similares y la reiterada participación de empresas relacionadas entre sí, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Foco en Tecnópolis
Por otra parte, la presentación judicial pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
En ese contexto, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
También se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denuncia, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo al documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Por último, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar las responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.
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