Multas por $243 millones a empresas por incumplimientos

La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó 92 sanciones a empresas durante la primera parte de 2026 por incumplimientos en la comercialización de productos y servicios que afectaron los derechos de usuarios y consumidores.

Según se informó a través del Boletín Oficial, el monto total de las multas asciende a 243.390.000 pesos, con un promedio superior a los 2,6 millones de pesos por cada sanción.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, destacó la tarea que realiza el organismo y remarcó la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

“Defensa del Consumidor está para proteger a los usuarios y garantizar el equilibrio en el mercado, especialmente en momentos de vulnerabilidad para quienes consumen bienes y servicios”, sostuvo.

Fernández recordó además que las oficinas del área funcionan en los municipios de toda la provincia y que también es posible realizar reclamos de manera online, una alternativa que agiliza los trámites para los usuarios.

Las sanciones alcanzaron a empresas vinculadas a distintos rubros, entre ellos servicios financieros, planes de ahorro para vehículos, agencias de viajes, transporte y aerolíneas, telefonía, venta de indumentaria por internet, comercios de electrodomésticos y fabricantes de viviendas prefabricadas.

Cómo actúa Defensa del Consumidor

El procedimiento previsto por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor contempla dos etapas diferenciadas. La primera es una instancia de mediación, donde se busca que el consumidor y la empresa lleguen a un acuerdo mediante audiencias de conciliación organizadas por el organismo.

Cuando no se logra una solución consensuada, el expediente pasa a una etapa sumarial en la que se analizan posibles infracciones a la normativa vigente. En ese proceso, las empresas pueden ejercer su derecho de defensa antes de que se determine la aplicación de una sanción.

Desde el organismo explicaron que el monto de las multas se establece en función de distintos factores, entre ellos la gravedad de la infracción, el perjuicio ocasionado al consumidor, el tamaño de la empresa involucrada y la existencia de antecedentes por incumplimientos anteriores.