Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos llamaron a concentrarse el próximo 6 de agosto, cuando el Senado debatirá los proyectos. Advierten que las iniciativas ponen en riesgo la soberanía sobre la tierra, el agua y los recursos estratégicos.
Un amplio grupo de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos convocó a una movilización frente al Congreso Nacional para el próximo 6 de agosto, en coincidencia con el tratamiento en el Senado de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y del denominado «Súper RIGI».
Las entidades sostienen que ambas iniciativas forman parte de un mismo esquema normativo y aseguran que operan de manera complementaria para favorecer la extranjerización de tierras y limitar la capacidad de control del Estado sobre recursos estratégicos.
En un documento difundido este fin de semana, afirmaron que los proyectos representan «dos llaves de la misma cerradura» y cuestionaron que habiliten condiciones favorables para la instalación de grandes inversiones extranjeras durante las próximas décadas.
Críticas al paquete legislativo
Las organizaciones consideran que las reformas facilitarían la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, especialmente en zonas con recursos estratégicos como agua, minerales y energía, y alertan sobre el impacto que podrían tener en provincias con grandes extensiones rurales, como las patagónicas.
También sostienen que el denominado «Súper RIGI» otorgaría estabilidad regulatoria por 30 años a las inversiones alcanzadas por el régimen, limitando la posibilidad de modificar normas laborales, ambientales o tributarias sin exponer al Estado a demandas internacionales.
Entre las voces que respaldaron el documento, la representante de Géneras, Micaela Sánchez Malcolm, afirmó que las iniciativas conforman «una arquitectura diseñada para el saqueo», mientras que Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, advirtió que las provincias podrían perder capacidad de regulación sobre proyectos de inversión.
En la misma línea, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), consideró que la reforma de la Ley de Tierras forma parte de «un programa de remate de la Argentina», y Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), sostuvo que las propuestas implican una contradicción con la defensa de la soberanía nacional.
Convocatoria al Senado
Las organizaciones reclamaron a los senadores nacionales que rechacen ambos proyectos y convocaron a la ciudadanía a participar de la movilización prevista para el 6 de agosto frente al Congreso.
Según el documento, el paquete legislativo funcionaría en tres etapas: la eliminación de restricciones para la compra de tierras, una mayor opacidad sobre la identidad de los compradores a través de modificaciones en la Ley de Sociedades y, finalmente, un régimen de estabilidad para las inversiones mediante el «Súper RIGI».
Entre las entidades firmantes se encuentran la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Jóvenes por el Clima, ATTAC Argentina, CEPPAS, Asuntos del Sur, Transnational Institute (TNI) y otras organizaciones sociales, ambientales y académicas.
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