El oficialismo limitó la participación a dos jornadas y desató críticas de la oposición y organizaciones ambientalistas. Greenpeace ya recurrió a la Justicia.
En medio de una creciente polémica, la Cámara de Diputados pondrá en marcha esta semana las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, con un esquema de participación fuertemente restringido: de casi 100 mil personas inscriptas, sólo unas 400 podrán exponer de manera oral.
La decisión fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que ratificó que las audiencias se realizarán en apenas dos jornadas —el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 de manera virtual—, pese a los reclamos de la oposición para ampliar el cronograma.
El mecanismo definido establece que sólo podrán intervenir los primeros inscriptos de cada provincia, mientras que el resto deberá limitarse a presentar su postura por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos.
Además, el acceso presencial estará restringido: sólo podrán participar los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto a dos asesores por legislador.
La medida generó un fuerte rechazo en sectores del peronismo, la izquierda y bloques provinciales, que denuncian una limitación arbitraria de la participación ciudadana en un debate de alto impacto ambiental.
El conflicto también llegó a la Justicia. La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos, ya sea de manera presencial o virtual.
En su planteo, la entidad pidió readecuar el cronograma y extender las jornadas necesarias para asegurar una intervención “real y efectiva”, y cuestionó que se reemplace la exposición oral por formatos escritos o audiovisuales.
El caso quedó en manos del juez Enrique Lavié Pico, quien deberá resolver en las próximas horas. De hacer lugar al pedido, el esquema actual quedaría en jaque: con el ritmo previsto, las audiencias deberían extenderse durante meses para dar lugar a todos los participantes.
Qué se discute
La reforma de la Ley de Glaciares busca modificar los alcances de la protección sobre zonas periglaciares, habilitando actividades económicas —como la megaminería y la explotación hidrocarburífera— en áreas que hoy están restringidas.
El proyecto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en esas regiones y plantea que puedan desarrollarse siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental aprobadas.
Además, propone transferir mayor poder a las provincias para definir qué zonas proteger, reduciendo la intervención del Estado nacional.
La iniciativa es impulsada por sectores del oficialismo y gobernadores aliados que buscan atraer inversiones, pero genera un fuerte rechazo en la oposición y en organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de afectar reservas estratégicas de agua dulce.
En ese escenario, las audiencias públicas comienzan atravesadas por cuestionamientos, judicialización y un debate que promete escalar en los próximos días.
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