El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la decisión judicial que benefició al Presidente, a su hermana Karina y a otros investigados. Acusó al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano de favorecer una maniobra de encubrimiento y anunció que su espacio político promoverá denuncias contra ambos funcionarios.
La decisión judicial de sobreseer al presidente Javier Milei en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica y expresidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, anunció este lunes que su espacio presentará denuncias contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
El legislador sostuvo que la resolución constituye una maniobra destinada a garantizar la impunidad del mandatario y de las personas de su entorno involucradas en el expediente.
“Estamos frente a un operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Javier Milei y su entorno”, afirmó Ferraro en declaraciones a Radio Rivadavia.
Sus acusaciones se producen después del sobreseimiento dispuesto el viernes pasado, que alcanzó al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros investigados por el lanzamiento del criptoactivo.
El origen de la causa $LIBRA
La investigación judicial se inició a partir de los acontecimientos del 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió en sus redes sociales información sobre la criptomoneda $LIBRA.
La publicación presidencial contribuyó a generar interés en el activo digital, cuyo valor experimentó una fuerte suba inicial y posteriormente se desplomó.
La caída provocó pérdidas entre quienes habían adquirido el token y dio lugar a denuncias y pedidos de investigación sobre las circunstancias de su lanzamiento, las operaciones financieras realizadas y las posibles responsabilidades de los involucrados.
El caso adquirió una dimensión política por la participación del Presidente en la difusión del proyecto y por los vínculos que se investigaron entre integrantes de su entorno y personas relacionadas con la iniciativa.
Ferraro cuestionó la falta de indagatorias
Uno de los principales cuestionamientos del diputado se relaciona con el desarrollo de la investigación.
Según Ferraro, los sobreseimientos fueron dictados sin que los principales involucrados fueran convocados a prestar declaración indagatoria y cuando todavía existían medidas de prueba pendientes.
El legislador calificó la resolución como un “fallo vergonzoso” y sostuvo que el expediente no había agotado las posibilidades de investigación.
También dirigió críticas al fiscal Eduardo Taiano, a quien cuestionó por su actuación en otras causas judiciales de relevancia política.
Ferraro recordó decisiones del funcionario en expedientes vinculados con el matrimonio Kirchner y con la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Esas referencias formaron parte de sus cuestionamientos políticos a la actuación de Taiano y no constituyen, por sí mismas, una demostración de irregularidades en la causa $LIBRA.
La situación de los querellantes
Otro de los puntos señalados por el diputado fue el apartamiento de los querellantes, una decisión que, según su interpretación, limitó las posibilidades de participación de las personas que denunciaron haber sufrido perjuicios.
Ferraro sostuvo que esa exclusión impidió a los damnificados solicitar nuevas medidas de prueba o recurrir el sobreseimiento.
En ese contexto, indicó que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo relacionado con la intervención de las querellas en el expediente.
“Tenemos que estar muy atentos a lo que hagan los magistrados de la Cámara de Casación para ver si se restituye una parte de la querella o la totalidad”, manifestó.
El legislador consideró que esa definición podría resultar determinante para establecer si los denunciantes recuperan herramientas procesales para cuestionar la resolución judicial.
La documentación reunida en el Congreso
Ferraro también defendió el trabajo desarrollado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que presidió durante el tratamiento parlamentario del caso.
Según explicó, los legisladores reunieron información vinculada con movimientos financieros, comunicaciones telefónicas y actividades realizadas antes del lanzamiento de $LIBRA.
Aseguró que parte de esa documentación fue entregada a la fiscalía y que se preservaron determinados elementos sensibles para evitar interferencias con la investigación judicial.
Entre las cuestiones que, a su entender, requerían mayores explicaciones mencionó las comunicaciones entre Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en que el Presidente promocionó el criptoactivo.
Ferraro planteó que esos contactos debieron ser examinados antes de disponer el cierre de la investigación respecto de los involucrados.
También cuestionó la valoración de respuestas escritas proporcionadas por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría General de la Presidencia, al considerar que se les otorgó mayor relevancia que a otros elementos incorporados al expediente.
Un nuevo capítulo de la controversia política
El anuncio de la Coalición Cívica incorpora un nuevo elemento a la disputa alrededor del caso $LIBRA, que desde febrero de 2025 generó cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios públicos, empresarios y proyectos de activos digitales.
Las denuncias anunciadas por Ferraro estarán dirigidas a la actuación del juez y del fiscal, aunque las acusaciones de encubrimiento expresan por ahora la posición del legislador y no una responsabilidad judicialmente acreditada.
El sobreseimiento constituye una decisión favorable a los investigados, mientras que los planteos pendientes sobre la participación de los querellantes podrían incidir en las posibilidades de revisión del expediente.
Con la decisión de promover nuevas presentaciones judiciales, la Coalición Cívica busca mantener abierto el debate sobre las responsabilidades institucionales y el alcance de la investigación.
El caso $LIBRA continúa así en el centro de la controversia política, ahora con el foco puesto no solamente en la actuación del Presidente, sino también en las decisiones adoptadas por los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.
Comentarios de las entradas (0)