El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la ley que regula el estado de excepción, en un contexto de fuerte conflictividad social marcado por 39 días consecutivos de protestas y más de 90 puntos de bloqueo que afectan principalmente a los departamentos de Cochabamba y La Paz.
Durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario defendió la nueva normativa y aseguró que busca proteger el orden democrático frente a sectores que intentan desestabilizar al Gobierno.
«Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional», afirmó Paz.
La ley establece el marco jurídico para la aplicación de estados de excepción y los define como mecanismos extraordinarios y temporales que pueden ser dispuestos por el Poder Ejecutivo para preservar el orden constitucional, la seguridad pública y el funcionamiento de las instituciones ante situaciones consideradas excepcionales.
La promulgación se produce en momentos en que las protestas han recrudecido y distintos sectores movilizados mantienen cortes de rutas y medidas de fuerza. Si bien las manifestaciones comenzaron con reclamos sectoriales impulsados por organizaciones sindicales y campesinas, con el paso de las semanas el principal objetivo de los manifestantes pasó a ser la renuncia del presidente, quien asumió el cargo hace apenas siete meses.
La iniciativa había sido aprobada previamente por el Senado y obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo, completando así su recorrido legislativo.
En su discurso, Paz sostuvo que el Estado necesita herramientas para garantizar la seguridad y cuestionó duramente a quienes promueven las protestas. «De nada sirve desarrollar normas y una visión de desarrollo económico si no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad», expresó.
El conflicto se inició hace más de un mes tras una convocatoria a paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB), a la que posteriormente se sumaron organizaciones campesinas mediante bloqueos de carreteras en distintos puntos del país.
La crisis representa uno de los mayores desafíos para la administración de Paz desde el inicio de su mandato y mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de una profundización de las medidas de protesta durante los próximos días.
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