El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y por el delito de omisión maliciosa, vinculado a supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Las diligencias fueron dispuestas antes de resolver el pedido de declaración indagatoria presentado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien busca determinar si el crecimiento patrimonial del legislador tiene un origen justificado.
Las medidas ordenadas
Entre las principales actuaciones, el magistrado solicitó:
- Un informe al Banco Provincia para conocer el detalle de los pagos realizados entre 2024 y 2026 correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos.
- El envío de la última declaración jurada patrimonial presentada por Adorni ante la Legislatura bonaerense.
- Informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires para verificar la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles.
Además, la Justicia analiza una rectificación presentada por el legislador, en la que incorporó 21 millones de pesos bajo el concepto de una herencia familiar, modificación realizada luego de iniciada la investigación.
Sospechas sobre bienes y cuentas
El fiscal Marijuán sostiene que Adorni habría ocultado bienes y cuentas bancarias de manera deliberada y remarcó que, por su formación como contador y su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, conocía los requisitos legales para la confección de declaraciones juradas.
La investigación también apunta a determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados por Francisco Adorni y los informados por su hermano, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, respecto de la herencia de su padre.
Otra causa en Comodoro Py
En paralelo, la Cámara Federal resolvió unificar en los tribunales de Comodoro Py otra investigación que involucra al legislador por presuntas irregularidades en un préstamo de 40.000 millones de pesos vinculado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
Con las nuevas medidas ordenadas por Rafecas, la causa entra en una etapa clave para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la indagatoria del dirigente libertario.
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