Después de más de seis años de reclamos de La Pampa, el máximo tribunal volvió a impulsar el expediente por el río Atuel. Otorgó un plazo de 20 días para que las partes informen si hubo acuerdos y qué medidas se adoptaron para garantizar el caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo establecido en 2020.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó la causa judicial por el río Atuel, uno de los conflictos ambientales e interprovinciales más prolongados de la Argentina. La decisión representa un nuevo avance para el reclamo histórico de La Pampa, que exige el cumplimiento de las sentencias judiciales y la restitución de un caudal permanente que permita recuperar el ecosistema del oeste provincial.
Mediante una resolución notificada este viernes 6 de noviembre, el máximo tribunal solicitó a las partes que, en un plazo de 20 días, informen si se alcanzó algún acuerdo parcial dentro de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
También requirió un detalle de las actividades desarrolladas desde la sentencia de 2020 para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
La decisión llega después de reiteradas presentaciones del Gobierno pampeano, que durante los últimos años insistió en la necesidad de que la Corte retomara su intervención ante la falta de avances concretos.
Un fallo que estableció un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo
En 2020, la Corte Suprema fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa.
La resolución se fundamentó en la Ley General del Ambiente y buscó establecer una condición inicial para avanzar en la recuperación ambiental del río y su área de influencia.
El tribunal ordenó que La Pampa, Mendoza y el Estado nacional acordaran las obras y medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.
También estableció que las tres jurisdicciones debían definir los plazos de ejecución y la proporción de los costos que asumiría cada una.
El fallo contempló, además, la elaboración de un programa de monitoreo permanente para controlar no solamente el caudal de agua, sino también la evolución de la vegetación y fauna, la salinidad y los niveles freáticos.
Los programas debían presentarse ante la Corte para su aprobación dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.
Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esas disposiciones continúa siendo el eje del conflicto judicial.
La Corte quiere saber qué se hizo desde 2020
La nueva resolución coloca nuevamente bajo análisis las acciones desarrolladas por las jurisdicciones involucradas.
El tribunal solicitó información sobre los posibles acuerdos alcanzados en la CIAI, organismo encargado de abordar las diferencias vinculadas con el aprovechamiento del río.
También pidió que se describan las actividades realizadas para cumplir los objetivos fijados en 2020.
Este requerimiento resulta especialmente importante porque permitirá establecer qué avances se produjeron, cuáles son los compromisos pendientes y qué dificultades impidieron alcanzar una solución.
La Corte había previsto expresamente que, si las jurisdicciones no lograban un acuerdo, sería el propio tribunal el encargado de definir el curso de acción a seguir.
Por ahora, la nueva disposición no establece obras adicionales ni modifica el caudal mínimo fijado. Se trata de una medida destinada a reunir información y retomar el seguimiento judicial del expediente.
El reclamo histórico de La Pampa
El conflicto por el Atuel tiene profundas consecuencias ambientales, sociales y productivas para el oeste pampeano.
La regulación y el aprovechamiento de las aguas en territorio mendocino alteraron durante décadas el ingreso del río a La Pampa, afectando los humedales, la vegetación, la fauna y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región.
La desaparición de los escurrimientos permanentes transformó extensas áreas que históricamente dependían del agua del Atuel.
Para La Pampa, la restitución del caudal no representa únicamente una discusión sobre el reparto de un recurso hídrico, sino una cuestión de reparación ambiental y de reconocimiento de derechos sobre una cuenca compartida.
El reclamo provincial sostiene que el uso del río debe contemplar las necesidades de ambas jurisdicciones y garantizar condiciones mínimas para la conservación de los ecosistemas afectados.
El papel de Mendoza y del Estado nacional
La sentencia de 2020 también estableció que el Estado nacional debía participar junto a las dos provincias en la búsqueda de soluciones.
Entre los puntos contemplados figuraba el fortalecimiento institucional del organismo de cuenca y la posibilidad de conformar una Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en reemplazo de la CIAI.
La propuesta apuntaba a consolidar un ámbito de gestión compartida que permitiera avanzar en decisiones técnicas, obras de infraestructura y mecanismos de control.
La nueva intervención judicial vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de coordinación entre las tres jurisdicciones.
El objetivo es determinar cómo garantizar el caudal mínimo establecido y qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes.
Una nueva etapa para una deuda ambiental histórica
Desde el Gobierno de La Pampa valoraron la reactivación del expediente después de más de seis años de presentaciones ante el máximo tribunal.
La decisión judicial vuelve a colocar el conflicto del Atuel en la agenda institucional y abre la posibilidad de avanzar hacia medidas concretas para el cumplimiento del fallo.
No obstante, el nuevo requerimiento de información no significa que el caudal haya sido restituido ni que exista un acuerdo definitivo entre las provincias.
El próximo paso será conocer las respuestas que presenten las partes dentro del plazo establecido y las decisiones que adopte posteriormente la Corte Suprema.
Para La Pampa, la cuestión central sigue siendo la misma: que los 3,2 metros cúbicos por segundo fijados judicialmente dejen de ser una obligación pendiente y se conviertan en un caudal permanente y verificable en el límite interprovincial.
La recuperación del Atuel continúa siendo una de las principales demandas ambientales de la provincia y un desafío pendiente para la gestión compartida de los recursos hídricos en la Argentina.
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