El Gobierno de La Pampa y el Estado nacional avanzaron en un acuerdo inicial para reducir la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia. A través de un Convenio de Financiamiento firmado por el gobernador Sergio Ziliotto y el titular de la ANSES, Fernando Bearzi, se estableció un reconocimiento por un total de $62.500 millones.
El monto acordado corresponde al financiamiento transitorio del déficit del sistema previsional de las y los trabajadores públicos pampeanos. La cifra surge de las auditorías realizadas de manera conjunta entre los equipos técnicos de la ANSES y del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, que validaron la consistencia del reclamo provincial.
Desde el Gobierno pampeano destacaron que el entendimiento se apoya tanto en la legalidad del planteo como en la persistencia institucional para sostenerlo en todos los ámbitos correspondientes. En ese marco, se remarcó la vigencia de la Ley 27.260, que establece mecanismos de financiamiento para aquellas provincias que conservaron sus regímenes previsionales propios y no los transfirieron al sistema nacional.
Asimismo, La Pampa decidió adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por la Nación, espacio en el que se canalizan los reclamos por deudas cruzadas y que permitió avanzar en este acuerdo. A ello se suma la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había dispuesto un proceso de conciliación entre las partes y facilitó el acercamiento.
En cuanto a la modalidad de pago, el convenio prevé una primera transferencia de $2.500 millones, mientras que el saldo restante se abonará en doce cuotas mensuales y consecutivas de $5.000 millones cada una, a partir de enero de 2026. De los fondos que reciba la provincia, el 11,73 % será destinado a municipios y comisiones de fomento, montos que se transferirán de manera automática con cada desembolso de la ANSES.
El acuerdo con La Pampa se inscribe en una serie de entendimientos similares alcanzados por el Gobierno nacional durante 2025 con otras jurisdicciones. En ese período, Córdoba acordó el cobro de $60.000 millones en doce cuotas, mientras que Entre Ríos logró un convenio por $48.000 millones a pagar en ocho tramos.
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