La UTEP presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la eliminación de las asignaciones del programa. La organización sostiene que las capacitaciones ofrecidas por el Gobierno nacional no reemplazan un ingreso mensual destinado a cubrir necesidades básicas.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) llevó hasta la Corte Suprema de Justicia el reclamo para que se restituyan los pagos correspondientes al programa “Volver al Trabajo”, suspendidos por el Ministerio de Capital Humano.
La presentación alcanza a un universo de 917.740 beneficiarios, según la última liquidación mencionada en el expediente, y busca revertir una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que dejó sin efecto una medida cautelar favorable a los trabajadores.
El conflicto había tenido un primer pronunciamiento en abril, cuando el Juzgado Federal de Campana ordenó al Ejecutivo nacional mantener las asignaciones mensuales mientras se resolvía la cuestión de fondo.
Sin embargo, el 13 de julio la Sala I de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a una apelación presentada por el Estado y revocó aquella cautelar.
“No reemplaza la pérdida de una asignación”
Ahora, la UTEP recurrió al máximo tribunal con una presentación de 29 páginas en la que sostiene que la interrupción de los pagos afecta directamente la subsistencia de miles de familias.
Uno de los principales argumentos es que la prestación tiene carácter alimentario y que su eliminación podría ocasionar perjuicios difíciles de reparar posteriormente.
“Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas”, sostiene la presentación judicial.
El planteo cuestiona así uno de los argumentos utilizados para justificar la transición hacia nuevas políticas de capacitación laboral.
La diferencia entre los dos programas
Uno de los puntos centrales del conflicto es el alcance del programa “Formando Capital Humano”, presentado como alternativa al esquema anterior.
Según los números incorporados al expediente, mientras “Volver al Trabajo” registraba pagos para 917.740 personas, el interés manifestado en las nuevas capacitaciones alcanzaba a unas 136.000.
Para los demandantes, esa diferencia demuestra que ambos mecanismos no resultan equivalentes.
Además, sostienen que el nuevo sistema ofrece cursos y vouchers sujetos a inscripción, disponibilidad y vacantes, mientras que el programa eliminado contemplaba una transferencia monetaria periódica.
El Gobierno sostiene que no habrá marcha atrás
La decisión del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, generó distintas protestas y movilizaciones de organizaciones vinculadas con la economía popular.
Desde la UTEP reclaman que se mantenga el denominado Salario Social Complementario y sostienen que su eliminación afecta derechos constitucionales de familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
El Gobierno nacional, por su parte, mantiene hasta el momento su decisión de no restablecer el esquema anterior.
Con el recurso presentado, la disputa queda ahora planteada ante la Corte Suprema, que deberá determinar si interviene en el caso mientras continúa pendiente la discusión judicial de fondo sobre la eliminación de las prestaciones.
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