El Gobierno habilitó un nuevo régimen para reducir la planta del organismo. La primera convocatoria terminó con 609 adhesiones. Las compensaciones podrán superar los $30 millones y pagarse hasta en ocho cuotas, mientras quienes acepten no podrán volver a trabajar para el Estado nacional durante cinco años.
El Gobierno nacional puso en marcha una segunda etapa del programa de retiros voluntarios para trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), profundizando el proceso de reducción de personal dentro de uno de los organismos que quedó en el centro de la reforma del Estado impulsada por la administración de Javier Milei.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1220/2026 y alcanza tanto al personal de planta permanente como a trabajadores contratados por tiempo indeterminado que cumplan los requisitos establecidos.
El nuevo programa llega después de una primera convocatoria en la que 609 trabajadores aceptaron abandonar Vialidad Nacional, sobre una estimación inicial que contemplaba alrededor de 900 posibles adhesiones.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es adecuar la cantidad de trabajadores a las necesidades operativas del organismo y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos públicos.
Quiénes pueden acceder
El régimen está destinado a trabajadores de planta permanente o contratados por tiempo indeterminado que tengan una antigüedad superior a un año en Vialidad Nacional.
Sin embargo, existen diferentes situaciones que impiden ingresar al programa.
Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes estén involucrados en procedimientos disciplinarios, aquellos que ya hayan iniciado el trámite jubilatorio o presentado su renuncia y quienes mantengan litigios laborales contra el Estado, salvo que desistan expresamente de esas acciones.
También se establecieron condiciones particulares para los trabajadores que desempeñan funciones sindicales.
Quienes tengan mandato gremial vigente deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder incorporarse al retiro.
Una vez aceptada la propuesta y firmado el acuerdo de desvinculación, el trabajador tendrá además prohibido reingresar o prestar servicios para el Estado nacional durante cinco años.
Cuánto cobrarán quienes se retiren
El sistema establece diferentes modalidades para calcular la gratificación extraordinaria.
Como base se tomará el salario bruto remunerativo correspondiente al mes anterior a la entrada en vigencia del régimen.
La primera alternativa contempla el pago del 90% de un haber por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un máximo computable de 24 años.
La segunda establece un 85% del salario por cada año trabajado, también con un límite de 24 años, pero incorpora adicionalmente una cobertura asistencial equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de obra social.
Existe además una tercera modalidad destinada al personal de mayor edad que no reúna los aportes necesarios para jubilarse. En esos casos se utilizará un cálculo similar al de la primera opción, aunque con un límite máximo equivalente a 12 años de antigüedad.
La gratificación será independiente de la liquidación final que corresponda al trabajador por el cese de la relación laboral, que incluirá conceptos como vacaciones pendientes y el proporcional del aguinaldo.
Hasta ocho cuotas
La cantidad de cuotas dependerá del monto final de la compensación.
Los retiros de hasta $10 millones serán abonados en un único pago.
Cuando la suma supere los $10 millones pero sea inferior a $20 millones, el trabajador recibirá tres cuotas mensuales.
Entre $20 millones y $30 millones serán cinco cuotas, mientras que las compensaciones superiores a los $30 millones se abonarán en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La primera cuota —o el pago completo cuando corresponda— deberá acreditarse dentro de los primeros cinco días hábiles administrativos del mes siguiente a la firma del acuerdo de desvinculación.
Vialidad, en el centro de la reforma del Estado
El nuevo programa se desarrolla después de un período particularmente conflictivo para Vialidad Nacional.
En 2025 el Gobierno había avanzado mediante decreto con la disolución del organismo y la reorganización del sistema encargado de administrar las rutas nacionales.
La decisión generó cuestionamientos políticos, sindicales y judiciales. La Justicia suspendió inicialmente los efectos de la medida y posteriormente el Congreso rechazó los decretos vinculados con la reestructuración, lo que impidió concretar la eliminación de Vialidad en los términos originalmente planteados.
El organismo continuó funcionando, aunque dentro de un proceso de reorganización y reducción de su estructura.
La segunda convocatoria de retiros voluntarios se inscribe ahora dentro de esa política.
Después de las 609 adhesiones registradas en la primera etapa, el resultado de esta nueva convocatoria permitirá dimensionar cuánto más se reducirá la dotación de trabajadores encargados de la administración, conservación y mantenimiento de la red vial nacional.
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