Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Gobierno nacional para que detalle el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de la creciente tensión política y las denuncias por represión contra manifestantes en ese país.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por legisladores del bloque opositor, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
Según el proyecto, los diputados exigen precisiones sobre la carga transportada, el personal embarcado y los acuerdos militares vigentes entre Argentina y Bolivia, además de información vinculada al denominado “Escudo de las Américas”, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
La presentación también solicita conocer el estado de la causa judicial que investiga el envío de armas y municiones antidisturbios realizado por el gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto encabezado por Jeanine Áñez durante la crisis boliviana de 2019.
“Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”, sostuvo Marino.
El reclamo opositor tomó fuerza luego de declaraciones del diputado boliviano Rolando Pacheco, quien denunció que los aviones argentinos no estarían transportando ayuda humanitaria sino material destinado a reforzar la represión de las protestas que exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.
“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda”, agregó Marino.
El dirigente del Partido Piquetero y referente del Movimiento Derecho al Futuro, espacio ligado al gobernador bonaerense Axel Kicillof, sostuvo además que “no se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión”.
En paralelo, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “la criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos del pueblo boliviano”.
“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, afirmó el diputado, quien insistió en que “frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión, sino el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos”.
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