Mientras la interna con Patricia Bullrich domina la escena política y la ministra de Seguridad consolida un perfil cada vez más autónomo que genera malestar en la Casa Rosada, el Gobierno nacional intentará retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos clave de su agenda: la Ley de Lobby y el denominado Súper RIGI.
La actividad parlamentaria comenzará este miércoles a las 11 con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se debatirá el proyecto de “Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”. Más tarde, a las 14, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia abordarán el proyecto de Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI) destinado a industrias de frontera tecnológica.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo prevé volver a reunir ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser debatidos en el recinto durante la sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se trataría la iniciativa que habilita un plan de pago de deuda con dos fondos buitre.
La fecha forma parte del cronograma legislativo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los principales bloques parlamentarios.
Ley de Lobby
La propuesta busca regular la actividad de lobby en Argentina mediante un esquema inspirado en el modelo estadounidense, con el objetivo de transparentar las gestiones que realizan empresas, organizaciones o intermediarios ante funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones.
El proyecto crea un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que deberán inscribirse los lobistas y declarar los intereses, clientes o beneficiarios que representan.
Además, cada gestión deberá quedar registrada con información detallada sobre fecha, hora y modalidad del contacto, organismo involucrado, personas representadas y una síntesis de los temas tratados.
Las sanciones previstas para quienes incumplan la normativa van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
Por otra parte, la representación clandestina de intereses extranjeros podrá ser castigada con penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
La iniciativa también establece obligaciones para los funcionarios públicos, quienes deberán informar las reuniones mantenidas con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
En el oficialismo consideran que el proyecto tiene altas probabilidades de obtener media sanción, ya que existe coincidencia con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de transparentar una actividad históricamente desarrollada con escaso control público.
Súper RIGI
El segundo proyecto apunta a crear un régimen especial para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos estratégicos que quedaron fuera del RIGI original aprobado dentro de la Ley Bases.
La iniciativa está orientada a promover inversiones vinculadas con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, la producción de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares, los reactores nucleares modulares, los semiconductores y la inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, un requisito considerablemente superior a los 200 millones exigidos por el RIGI vigente.
A cambio, el Estado ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años.
El nuevo esquema tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año. A diferencia del RIGI original, excluye proyectos vinculados a recursos naturales e infraestructura y no permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
Entre los principales incentivos se destacan:
- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%.
- Amortización acelerada de inversiones: 60% el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes.
- Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA.
- Contribuciones patronales con una alícuota única del 10%.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal.
- Tributación reducida para dividendos: 7%, que descenderá al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
- Exención de derechos de importación.
- Eliminación de retenciones a las exportaciones.
- Supresión de restricciones y cupos para operar.
Asimismo, contempla una disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, hasta alcanzar el 100% de libre disponibilidad a partir del tercer año de permanencia en el régimen.
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