El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina expresó su preocupación por el crecimiento del contrabando en el país y cuestionó las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que debilitan los controles y perjudican a la industria, el comercio formal y la recaudación.
El gremio, encabezado por Daniel Mallotti, reclamó reforzar los controles fronterizos y coincidió con planteos realizados previamente por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Desde el sindicato sostuvieron que la Aduana dispone de cada vez menos recursos, infraestructura y tecnología para fiscalizar el comercio exterior, situación que atribuyeron a las políticas de ajuste y desregulación. En ese marco, cuestionaron especialmente las medidas impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger.
SUPARA también advirtió que la pérdida de personal técnico calificado, producto del deterioro salarial y la falta de inversión, debilita la capacidad operativa del organismo y facilita maniobras de contrabando.
Mallotti pidió fortalecer la Aduana con mayores recursos y mejores condiciones laborales para sus trabajadores, al considerar que son un elemento clave para mejorar los controles.
Pérdidas por USD 2.300 millones
Según un informe de la consultora MAP citado por el sindicato, el contrabando provocó durante 2025 una pérdida estimada de USD 2.300 millones en ingresos fiscales, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
El estudio señala que los sectores más afectados fueron:
- Tabaco: USD 1.100 millones.
- Textiles: USD 370 millones.
- Neumáticos: USD 240 millones.
- Celulares: USD 190 millones.
El informe también advierte que la evasión de aranceles, IVA e impuestos internos afecta el empleo formal, perjudica a los consumidores y reduce recursos públicos. Como referencia, indica que ese monto equivale al costo de construir 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
Además, ubicó a la Argentina en el puesto 120 entre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por la TRACIT.
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