La zona del Congreso de la Nación volvió a quedar en el centro de la escena tras una jornada marcada por incidentes y denuncias de violencia institucional, en el marco de una protesta de activistas de Greenpeace contra la reforma de la Ley 26.639.
La manifestación buscaba visibilizar el rechazo a los cambios en la normativa que protege los glaciares y el ambiente periglaciar. Los ambientalistas sostienen que la modificación —que este jueves es debatida en el Senado— podría habilitar la expansión de proyectos mineros en zonas actualmente resguardadas.
La intervención comenzó con el despliegue de pancartas en las escalinatas del Palacio Legislativo bajo la consigna “Los glaciares no se tocan”. Además, realizaron una puesta en escena con inodoros y la frase: “Senadores no se caguen en el agua”, en alusión al impacto que, según denuncian, tendría la reforma sobre las fuentes de agua dulce.
Minutos después, efectivos de Infantería y de la Policía avanzaron sobre el lugar aplicando el protocolo antipiquete. Según los registros audiovisuales difundidos por distintos medios, hubo uso de gas pimienta y forcejeos en medio de la resistencia pasiva de los manifestantes.
El operativo derivó en la detención de 12 activistas y también de un camarógrafo del canal A24, que se encontraba cubriendo en vivo los hechos. Las imágenes captadas por colegas muestran el momento en que el trabajador de prensa es reducido por personal de la Policía Federal.
Desde el SAME informaron que el camarógrafo, de 50 años, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efectos por exposición a gases. Posteriormente fue dado de alta y liberado. Una periodista del mismo medio también recibió asistencia por irritación causada por el gas, aunque no requirió traslado.
Tras lo ocurrido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, inició actuaciones sumariales para investigar el accionar de los efectivos intervinientes.
El trasfondo: glaciares y minería
El eje del conflicto es la redefinición del concepto de “zona periglaciar”, punto central de la reforma en discusión. Organizaciones ambientalistas advierten que el cambio implicaría liberar amplias áreas de la Cordillera para la explotación minera a cielo abierto.
Desde Greenpeace calificaron la iniciativa como una “sentencia de muerte” para las reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática global y cuestionaron la respuesta estatal ante la protesta.
Mientras tanto, los activistas detenidos serán trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en una causa que suma tensión política y social a un debate legislativo de alto impacto ambiental.
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