Un proyecto presentado en la Legislatura pampeana establece que el Estado adelante los pagos cuando exista un incumplimiento de 60 días. Los fondos se recuperarían mediante mecanismos judiciales y el sistema se financiaría parcialmente con recursos de DAFAS.
Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de La Pampa propone crear un sistema provincial para garantizar el cobro de las cuotas alimentarias destinadas a niñas, niños y adolescentes cuando los responsables de abonarlas incumplan sus obligaciones.
La iniciativa fue presentada por la diputada Liliana Robledo y cuenta con el acompañamiento de los integrantes del bloque del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).
La propuesta contempla la creación del Sistema Provincial de Garantía y Recupero de Cuotas Alimentarias, mediante el cual el Estado asumiría transitoriamente los pagos pendientes y posteriormente reclamaría las sumas a los deudores.
Cómo funcionaría el sistema
El mecanismo podría activarse cuando se registre un incumplimiento total o parcial durante 60 días corridos, siempre que exista una cuota alimentaria provisoria o definitiva establecida judicialmente o mediante un acuerdo homologado.
Una vez comprobada la falta de pago, el juez interviniente dispondría la incorporación al sistema y comunicaría la situación al organismo provincial encargado de ejecutar los depósitos.
El Estado cubriría inicialmente las sumas impagas durante el período de incumplimiento y continuaría abonando las cuotas con la periodicidad establecida por la Justicia.
En los casos en que el responsable haya realizado pagos parciales, la Provincia solamente cubriría la diferencia pendiente.
Un fondo financiado con recursos de DAFAS
Para implementar el sistema, el proyecto propone crear el Fondo Provincial de Garantía Alimentaria (FoProGA), que tendría carácter específico y rotatorio.
Su financiamiento provendría principalmente de una proporción de los recursos generados por los juegos de azar administrados o regulados por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS).
También se incorporarían las sumas recuperadas de los deudores, sus correspondientes intereses y las partidas presupuestarias que resulten necesarias.
La proporción de los recursos de DAFAS destinada al fondo quedaría definida mediante la reglamentación de la ley.
En caso de que los recursos disponibles fueran insuficientes, la Provincia debería garantizar la continuidad de los pagos mediante fondos presupuestarios.
Recuperación de las sumas adelantadas
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la intervención estatal no eliminaría ni reduciría las obligaciones del deudor alimentario.
Los pagos realizados por la Provincia tendrían carácter de anticipo y deberían ser reintegrados por quien incumplió la obligación original.
Para recuperar esos recursos, la Justicia podría disponer embargos y retenciones sobre ingresos, cuentas bancarias, billeteras virtuales y otros activos financieros legalmente alcanzables.
El proyecto establece que estas medidas deberán respetar las protecciones legales correspondientes, incluidos los fondos inembargables y los recursos pertenecientes a terceros.
Trámites digitales y seguimiento
La propuesta también contempla la creación de un registro digital y reservado para administrar la información sobre las cuotas adeudadas, los pagos efectuados por el Estado y las sumas recuperadas.
El procedimiento de acceso sería gratuito y prioritario, con intercambio electrónico de información entre el Poder Judicial y los organismos provinciales para reducir las gestiones que deban realizar las familias.
Además, se prevé la publicación de informes anuales sobre la cantidad de beneficiarios, los recursos utilizados y los montos recuperados, preservando los datos personales.
La garantía estatal finalizaría cuando el responsable acredite el pago completo y puntual de tres cuotas alimentarias consecutivas, aunque continuaría obligado a devolver los fondos adelantados durante el período de incumplimiento.
La iniciativa deberá ser analizada en las comisiones legislativas antes de avanzar hacia su eventual tratamiento en el recinto. Por el momento, se trata de un proyecto de ley y el mecanismo todavía no está vigente.
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