Se reavivó el conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan por una zona con potencial minero y turístico
La histórica disputa limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a escalar en los últimos días tras la aprobación de una ley riojana que desconoce una norma nacional de 1968 y busca llevar el conflicto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó una ley que declara la nulidad de la Ley Nacional Nº 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, al considerar que la delimitación territorial fue establecida de manera unilateral y sin intervención del Congreso Nacional, en perjuicio de la provincia.
La norma crea además una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial e instruye a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones judiciales ante la Corte Suprema.
El objetivo es solicitar medidas cautelares para impedir nuevas actividades y la explotación de recursos en las áreas en disputa hasta que exista una resolución definitiva sobre los límites.
Desde San Juan rechazaron la validez de la iniciativa y sostuvieron que los límites provinciales están plenamente consolidados por la legislación vigente. Asimismo, recordaron que cualquier modificación territorial requiere la aprobación del Congreso de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional.
El Gobierno sanjuanino convocó a representantes de los distintos sectores políticos para coordinar la estrategia jurídica con la que defenderá la jurisdicción provincial y adelantó que responderá formalmente en las instancias judiciales correspondientes.
La zona en conflicto se extiende desde el cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna y posee un alto valor estratégico por su potencial turístico y minero.
El reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los principales atractivos turísticos de San Juan.
Además, el área alcanza zonas de influencia de importantes proyectos mineros, entre ellos Gualcamayo y el Proyecto Vicuña, vinculados a la explotación de cobre y oro y considerados estratégicos para el desarrollo económico sanjuanino.
Al tratarse de un conflicto entre dos provincias, la definición de los límites dependerá de un eventual acuerdo político en el Congreso Nacional o, en su defecto, de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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