En el marco de la paritaria estatal provincial, el Gobierno presentó una propuesta salarial que busca cerrar el año 2025 con un incremento del 11 % por encima de la inflación, aunque la oferta llega acompañada de cuestionamientos por la falta de pago de un bono, en un contexto donde el deterioro del poder adquisitivo sigue golpeando con fuerza a los trabajadores y trabajadoras del Estado.
La iniciativa oficial prevé que, una vez conocido el índice de inflación de diciembre, se aplique en la liquidación de enero un aumento estimado en torno al 2 %, que se sumará a los incrementos ya otorgados durante el año. Sin embargo, no contempla el pago de ningún bono compensatorio, una herramienta que los gremios vienen reclamando para hacer frente a los picos inflacionarios y a la pérdida acumulada de ingresos registrada en los últimos meses.
Si bien el Ejecutivo sostiene que el esquema permitiría garantizar una mejora real del salario anual, desde los sectores sindicales advierten que la ausencia del bono limita el impacto inmediato de la propuesta, especialmente frente al encarecimiento sostenido de alimentos, servicios y alquileres, que afecta de manera directa a los ingresos de las familias estatales.
La oferta se complementa con un aumento del 10 % en las asignaciones familiares desde enero, con el objetivo de que ningún trabajador con familia a cargo quede por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC. No obstante, este refuerzo resulta insuficiente para amplios sectores del empleo público que no perciben asignaciones y continúan con salarios que apenas logran empatar la inflación mensual.
Desde el Gobierno provincial remarcan que la pauta salarial 2025 incluiría avances como la implementación de la Ley de Recategorización, el pase a planta permanente y licencias especiales, medidas que representan mejoras estructurales. Aun así, la discusión salarial sigue centrada en la urgencia del bolsillo, en un escenario de fuerte ajuste económico a nivel nacional.
El Ejecutivo reconoce que la propuesta se formula en un contexto de estrechez financiera, agravado por la quita de recursos nacionales, el incumplimiento en el envío de fondos previsionales y el aumento de los costos del sistema de salud provincial. Sin embargo, desde los gremios sostienen que el esfuerzo no puede recaer una vez más sobre los ingresos de los trabajadores, y que el no pago de un bono evidencia los límites de la política salarial actual.
Adelanto para 2026, sin certezas inmediatas
En relación al año próximo, el Gobierno ofreció un adelanto paritario del 2 % en febrero y 2 % en marzo de 2026, junto al compromiso de aplicar la cláusula gatillo del primer bimestre con los haberes de marzo. Si bien estas medidas aportan cierta previsibilidad, no resuelven la pérdida de poder adquisitivo acumulada, ni compensan la falta de un refuerzo extraordinario en el cierre del año.
Mientras las negociaciones continúan, el debate sigue abierto: aumentos porcentuales a futuro frente a la necesidad urgente de ingresos reales hoy, en un contexto económico que sigue profundizando las desigualdades y poniendo en tensión el salario estatal.
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