El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) aseguró que comenzó a normalizar los pagos tras acumular deuda en los últimos meses, aunque los planteos de prestadores y la sensibilidad del sistema vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de la principal obra social del país.
Desde el organismo negaron que exista una crisis estructural y garantizaron la continuidad de las prestaciones. Sin embargo, reconocieron atrasos en los pagos, que atribuyeron a deuda corriente de pocas semanas, una situación que describieron como habitual dentro del esquema de financiamiento.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que al 31 de marzo los vencimientos habían sido cancelados y buscó relativizar el conflicto al señalar que no hubo adhesión al paro por parte de médicos de cabecera. También indicó que la implementación de la cápita unificada responde a un pedido previo de los prestadores y que ese segmento se encuentra al día.
Pese a estas afirmaciones, el escenario genera preocupación debido al impacto directo que cualquier demora en los pagos puede tener sobre la atención de más de 5 millones de jubilados y pensionados, un sector particularmente vulnerable frente a interrupciones o recortes en los servicios de salud.
En ese contexto, desde el organismo insistieron en que la atención se mantuvo sin interrupciones y que el nivel de conflicto fue bajo, en contraste con versiones que advertían sobre dificultades en la prestación.
La conducción del PAMI señaló que su objetivo es ordenar y dar previsibilidad al sistema, al tiempo que avanza con auditorías internas. No obstante, los cuestionamientos sobre la sustentabilidad y eficiencia de la obra social reaparecen cada vez que surgen demoras en los pagos, en un esquema que históricamente ha mostrado tensiones entre financiamiento, prestaciones y control.
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