El conflicto en el PAMI sumó un nuevo capítulo con el paro de médicos de cabecera en todo el país y protestas que también empiezan a generar preocupación en La Pampa, donde afiliados y prestadores siguen de cerca una situación que amenaza con profundizarse.
La medida de fuerza, que se extendió durante 72 horas desde el lunes, afectó prestaciones clave: no se emitieron recetas electrónicas ni órdenes médicas, y se suspendieron consultas programadas. Solo se mantuvieron las guardias y la atención de urgencias.
El eje del reclamo apunta contra la Resolución 2026-1107 del organismo, que introduce cambios en el sistema de pagos a profesionales. Desde el sector médico advierten que la medida implica una caída en los ingresos reales y un deterioro de las condiciones de trabajo.
Uno de los puntos más cuestionados es la actualización de la cápita a $2.100 por afiliado, que los médicos califican como “engañosa”. “No es un aumento, es un recorte encubierto”, señalan, al sostener que la suba viene acompañada de la eliminación de otros ingresos.
Preocupación local
Si bien las protestas más visibles se concentraron en grandes centros urbanos, el impacto del conflicto comienza a sentirse en el interior. En La Pampa, prestadores advierten por demoras en pagos, dificultades en la provisión de insumos y un sistema que ya venía tensionado.
Afiliados consultados expresaron su inquietud por posibles demoras en turnos, interrupciones en tratamientos y complicaciones en el acceso a medicamentos, un escenario que podría agravarse si no se normaliza la situación.
El malestar también alcanza a farmacias y otros servicios vinculados, que dependen de los pagos del PAMI para sostener la atención. En otras provincias ya se registraron cortes en prestaciones por falta de cobro, una situación que genera alerta en el ámbito local.
Un sistema bajo presión
Según denuncian prestadores a nivel nacional, desde fines del año pasado se acumulan atrasos en los pagos a clínicas, sanatorios y profesionales, lo que derivó en restricciones en estudios y turnos que pueden demorar hasta cuatro meses.
En este contexto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas una transferencia de $150.000 millones para intentar regularizar la deuda con prestadores y descomprimir el conflicto.
Sin embargo, desde el sector consideran que la medida resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis y reclaman soluciones de fondo para garantizar la atención de millones de afiliados en todo el país.
Jubilados, en alerta
La situación también movilizó a jubilados, principales usuarios del sistema, que en distintas ciudades del país se manifestaron por la falta de medicamentos e insumos gratuitos.
El reclamo pone en el centro el funcionamiento del PAMI y reabre el debate sobre el alcance de las políticas de ajuste en el sistema de salud, con impacto directo en uno de los sectores más vulnerables.
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