La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para el 21 de octubre con el objetivo de desactivar la ofensiva opositora contra el decreto de desregulación económica. El oficialismo busca aprovechar el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y avanzar con una agenda legislativa propia.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva estrategia parlamentaria para evitar que la oposición avance contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas de su programa de desregulación económica.
La Libertad Avanza solicitó una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, a las 12, en la Cámara de Diputados. La convocatoria fue encabezada por el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y confirmada por la Secretaría Parlamentaria.
La maniobra busca restarle fuerza a la sesión impulsada por la oposición para el 15 de octubre, cuando distintos bloques pretenden avanzar sobre el DNU 70 y otras iniciativas que generan diferencias con el Poder Ejecutivo.
El temario oficialista incluye proyectos que también forman parte de la convocatoria opositora, entre ellos la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.
La decisión apunta a disputar el control de la agenda legislativa y ofrecer una instancia alternativa para debatir esos asuntos, sin habilitar necesariamente una discusión sobre la continuidad del decreto presidencial.
La sesión del 21 de octubre también contempla el tratamiento de iniciativas vinculadas con la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural y la inviolabilidad de la propiedad privada.
En cambio, quedó fuera de la convocatoria el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye disposiciones relacionadas con las Islas Malvinas, los recursos naturales y modificaciones en materia de seguridad y defensa.
Uno de los puntos más sensibles de la estrategia oficialista es el futuro de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El Gobierno había impulsado su derogación mediante el DNU 70/2023, pero la resistencia política y judicial modificó el escenario.
Ahora, el oficialismo pretende incorporar una versión atenuada de esas restricciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La iniciativa deberá atravesar un tratamiento acelerado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para el miércoles a las 16.
Si se introducen modificaciones en Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión.
El cambio representa un giro respecto de la posición original del Gobierno, que había defendido la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La reciente intervención de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras se convirtió en un elemento central de la disputa parlamentaria.
El máximo tribunal dispuso una medida cautelar que suspende provisoriamente los efectos de la derogación establecida por el DNU 70, en el marco de una presentación de la organización ambientalista Árbol de Pie.
La resolución no constituye una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación, pero mantiene temporalmente las restricciones previstas en la legislación.
Para el oficialismo, el fallo podría tener una consecuencia política favorable: reducir los incentivos de algunos bloques dialoguistas para acompañar una ofensiva contra la totalidad del DNU.
La recuperación provisoria de la protección legal sobre las tierras rurales ofrece a esos sectores una alternativa frente a la posibilidad de avanzar sobre el conjunto del paquete desregulatorio.
El principal objetivo inmediato del Gobierno es impedir que la oposición reúna el número de diputados necesario para abrir la sesión del 15 de octubre.
La Libertad Avanza apuesta a que los legisladores indecisos de bloques dialoguistas opten por esperar la convocatoria oficialista del 21, especialmente después de la resolución judicial sobre la Ley de Tierras.
Sin embargo, el resultado dependerá de las negociaciones entre las distintas bancadas y de la cantidad de diputados que finalmente se presenten en el recinto.
La convocatoria de una sesión posterior no impide por sí misma que la oposición sesione antes, por lo que la disputa seguirá concentrada en la construcción de mayorías.
El enfrentamiento legislativo expone las dificultades del Gobierno para sostener su programa de reformas frente a una oposición que intenta revisar algunas de sus medidas más controvertidas.
La Ley de Tierras, la emergencia en Discapacidad y el endeudamiento familiar aparecen como ejes de una discusión que excede los proyectos individuales y pone en juego el equilibrio de fuerzas en Diputados.
Con dos convocatorias separadas por apenas seis días, el oficialismo buscará recuperar la iniciativa y preservar el DNU 70, mientras la oposición intentará reunir los votos necesarios para avanzar sobre el decreto.
La primera prueba será el 15 de octubre, cuando se conocerá si la estrategia parlamentaria del Gobierno logró desactivar la sesión opositora o si el enfrentamiento llegará finalmente al recinto.
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