El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes inocente en su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York, en una audiencia que marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto político y diplomático entre Caracas y Washington.
La declaración se realizó ante el juez Alvin Hellerstein, luego de la lectura formal de los cargos que Estados Unidos le imputa por narcotráfico y terrorismo, en una causa que el gobierno venezolano califica como una operación judicial con fines políticos.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, expresó Maduro ante el magistrado, a través de un intérprete, en un mensaje que combinó defensa legal y reafirmación de su legitimidad política.
El mandatario llegó al tribunal bajo un fuerte operativo de seguridad, acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también se declaró inocente. Ambos podrían quedar detenidos sin derecho a fianza mientras avanza un proceso judicial que, según analistas internacionales, mezcla acusaciones penales con la histórica disputa geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela, atravesada por sanciones económicas y el control de los recursos energéticos.
La audiencia fue clave para definir el escenario inmediato del caso. La fiscalía estadounidense, encabezada por Pamela Bondi, sostiene que Maduro lideró una presunta red internacional de narcotráfico con vínculos terroristas, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza de plano y considera parte de una estrategia de presión impulsada desde Washington.
Tras esta primera instancia judicial, se confirmó que Maduro contrató a uno de los abogados que integraron la defensa de Julian Assange, en una señal que refuerza la estrategia de presentar el proceso como una causa de persecución política a nivel internacional.
Maduro y Flores comparecieron junto a sus abogados defensores, Barry Pollack y Mark Donnelly, en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan de Manhattan. Enfrentan cargos que incluyen conspiración, narcotráfico y lavado de dinero, en lo que ya es considerado uno de los juicios más sensibles de los últimos años en la relación entre Estados Unidos y América Latina.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo, mientras crecen las tensiones diplomáticas y el debate sobre el alcance real de una causa judicial que trasciende lo jurídico y se inscribe de lleno en el tablero político global.
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