Excombatientes de Malvinas, centrales sindicales y organizaciones políticas, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes hacia Tribunales. Rechazan la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. El conflicto tendrá un segundo capítulo el 15 de octubre en el Congreso.
Organizaciones sindicales, políticas, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes hacia el Palacio de Tribunales para rechazar la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la denominada Ley de Tierras.
Entre los convocantes aparecen el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, además de diferentes organizaciones políticas y sociales.
La concentración tendrá como escenario Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema, bajo la consigna “La Patria no se vende, la soberanía tampoco”.
El reclamo apunta contra el fallo que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Qué establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737 había sido sancionada en 2011 y establecía una serie de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
También establecía que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podían superar el 30% de ese porcentaje y fijaba límites sobre la superficie que podía poseer un mismo titular extranjero.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa legislación.
Su aplicación había quedado frenada por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, pero el caso llegó finalmente a la Corte Suprema.
Qué resolvió realmente la Corte
El alcance jurídico del fallo constituye uno de los puntos centrales de la controversia.
La Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
El máximo tribunal consideró que el CECIM La Plata, organización que había iniciado la demanda, no contaba con legitimación suficiente para impulsar esa acción judicial.
Por ese motivo revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU.
La consecuencia concreta fue que volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 y, con ella, dejaron de aplicarse las restricciones que esa normativa imponía sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La propia Corte difundió posteriormente una aclaración para remarcar que su decisión estuvo relacionada con una cuestión procesal y que no resolvió el debate de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
El reclamo de los excombatientes
El papel del CECIM agregó al conflicto una fuerte dimensión vinculada con la soberanía territorial.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó que la Corte haya considerado que los excombatientes no tenían legitimación para llevar adelante la demanda.
Para las organizaciones convocantes, la eliminación de los límites establecidos por la ley puede favorecer una mayor concentración de tierras rurales en manos de capitales extranjeros.
Godoy calificó el fallo como “grave” y sostuvo que la discusión excede el régimen de propiedad rural y alcanza cuestiones vinculadas con los recursos naturales y la soberanía.
La discusión se traslada al Congreso
La disputa tendrá además un segundo escenario.
Sectores de la oposición buscan llevar a la Cámara de Diputados el debate sobre el DNU 70/2023 completo.
Está prevista para el próximo 15 de octubre una sesión especial en la que diferentes bloques intentarán reunir el quórum necesario para avanzar con su rechazo.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero continuó vigente porque la Cámara de Diputados no lo rechazó.
Entre quienes impulsan su tratamiento se encuentran dirigentes de las dos CTA y legisladores de diferentes bloques opositores.
Hugo Yasky señaló que la intención es discutir no solamente la cuestión de las tierras sino también otras disposiciones contenidas en el decreto.
En esa misma jornada están previstas movilizaciones relacionadas con el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y otros reclamos sociales.
Bregman y Del Caño cuestionaron la decisión
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó la resolución de la Corte y sostuvo que el debate involucra directamente la soberanía sobre el territorio argentino.
Junto con Nicolás del Caño, la diputada también convocó a participar de la movilización prevista para el 15 de octubre frente al Congreso.
Del Caño, por su parte, reclamó a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional para acompañar aquella jornada.
Un debate que vuelve a quedar abierto
La decisión de la Corte no cerró definitivamente la discusión judicial ni política alrededor de la propiedad de las tierras rurales.
Además de la movilización, ya existen nuevas presentaciones judiciales destinadas a intentar suspender los efectos del artículo 154 del DNU.
En paralelo, la discusión volverá al Congreso.
La movilización de este martes será así el primer escenario de una disputa que durante octubre tendrá continuidad tanto en las calles como en los tribunales y el Parlamento.
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