El Gobierno provincial, junto con la UNLPam y organizaciones ambientalistas, presentó un recurso extraordinario federal contra el rechazo de una medida cautelar que buscaba suspender la reforma de la Ley de Glaciares. Advierten que su aplicación podría provocar daños irreversibles en las cuencas hídricas compartidas, especialmente en el río Colorado.
La provincia de La Pampa volvió a recurrir a la Justicia en defensa de sus recursos hídricos. Esta vez, el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal que busca revisar el rechazo de una medida cautelar contra la reforma de la Ley de Glaciares.
La presentación fue realizada conjuntamente por el Gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El objetivo es conseguir la suspensión de la aplicación de la Ley 27.804, sancionada el 8 de abril de 2026, mientras se resuelve la demanda de amparo colectivo ambiental que cuestiona su constitucionalidad.
El conflicto judicial se profundizó después de que, el pasado 29 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca rechazara la apelación presentada por las organizaciones y la Provincia contra la denegación de la medida cautelar.
La Pampa sostiene que la reforma reduce los niveles de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, ecosistemas fundamentales para preservar las reservas estratégicas de agua y regular el funcionamiento de las cuencas.
La preocupación central radica en que, mientras avance el proceso judicial, puedan autorizarse actividades capaces de generar consecuencias ambientales irreversibles.
En ese escenario, una eventual sentencia favorable podría llegar demasiado tarde para recuperar los sistemas hídricos afectados.
Como alternativa a la suspensión integral de la reforma, los demandantes solicitan que se impidan autorizaciones e intervenciones potencialmente perjudiciales para las cuencas que tienen incidencia directa sobre el territorio pampeano.
Aunque La Pampa no posee glaciares dentro de sus límites territoriales, depende de sistemas hídricos cuyas nacientes y procesos de regulación se encuentran en otras provincias.
El caso más significativo es el del río Colorado, una cuenca interprovincial estratégica para el abastecimiento de agua, la producción y el desarrollo regional.
Desde la posición pampeana, las decisiones sobre actividades económicas en zonas glaciares y periglaciares pueden tener consecuencias aguas abajo, incluso sobre territorios que no cuentan con esos ecosistemas.
Por eso, el recurso cuestiona que la Cámara haya considerado suficiente el nuevo régimen de protección sin analizar adecuadamente sus posibles efectos sobre los recursos hídricos compartidos.
La presentación también plantea que el dominio provincial sobre los recursos naturales debe ejercerse respetando los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional.
Uno de los argumentos incorporados al recurso es el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa Asociación Civil Árbol de Pie, vinculada con la vigencia de la Ley de Tierras.
Para los demandantes, ese antecedente refuerza la necesidad de adoptar medidas judiciales oportunas cuando existe el riesgo de que se produzcan daños ambientales de difícil o imposible reparación.
En particular, La Pampa sostiene que corresponde aplicar el principio precautorio, que permite adoptar medidas preventivas frente a amenazas de daño grave o irreversible, aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas sus consecuencias.
El rechazo de la medida cautelar no implica que la Justicia haya resuelto definitivamente la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares.
El amparo colectivo ambiental continúa en trámite y el recurso extraordinario busca que la Corte Suprema revise la decisión adoptada por la Cámara de Bahía Blanca.
La presentación se inscribe en la histórica posición de La Pampa respecto de la defensa de los ríos interprovinciales y la necesidad de garantizar una gestión de los recursos hídricos que contemple los derechos de todas las jurisdicciones involucradas.
La discusión vuelve a colocar en el centro una cuestión fundamental para la provincia: cómo asegurar la protección del agua que nace fuera de su territorio, pero de la que dependen su ambiente, su producción y sus comunidades.
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