La UBA denuncia fondos paralizados y advierte por una crisis en sus hospitales

La Universidad de Buenos Aires encendió una señal de alarma al denunciar que el Gobierno nacional mantiene frenado el envío de fondos para su sistema de salud, lo que pone en riesgo la atención en sus hospitales.

Según informaron desde la casa de estudios, durante el primer cuatrimestre del año la ejecución presupuestaria destinada a salud universitaria fue cero, a pesar de que el Presupuesto 2026 contempla una partida de $80.000 millones. La falta de transferencias correspondientes a enero, febrero, marzo y abril acumula una deuda cercana a los $20.000 millones, clave para sostener insumos, mantenimiento y servicios básicos.

Desde la universidad advirtieron que la situación trasciende lo administrativo: “Es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente”, señalaron, en referencia al impacto sobre cientos de miles de pacientes que se atienden en estos centros.

Ante este escenario, las autoridades de la red hospitalaria convocaron a una conferencia de prensa para este martes en el Hospital de Clínicas José de San Martín, donde se espera visibilizar la gravedad del conflicto.

El sistema de salud de la UBA incluye instituciones clave como el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, todos afectados por la falta de financiamiento.

El reclamo se da en medio de la tensión por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado y ratificada por la Justicia tras cuestionamientos del Ejecutivo. Desde el ámbito universitario y sindical sostienen que la paralización de fondos implica un incumplimiento tanto del presupuesto vigente como de la normativa específica.

Además, alertaron que la situación podría sentar un precedente para el resto de las universidades nacionales, en un contexto donde el financiamiento educativo y sanitario se encuentra en el centro del debate político.

El conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno y el sistema universitario, con impacto directo en la atención pública de salud.