El gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof imputó a Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión utilizados por la plataforma, en una medida que podría derivar en sanciones superiores a los $1.800 millones.
La actuación fue impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, que realizó una fiscalización sobre el sitio oficial de la empresa y detectó más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
El análisis alcanzó las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI”, incluyendo los términos y condiciones vinculados a préstamos personales, operaciones de Mercado Pago y servicios asociados a compras y pagos digitales.
Desde la administración bonaerense señalaron que la investigación fue iniciada de oficio, más allá de la existencia de denuncias particulares, y remarcaron que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos en la provincia de Buenos Aires.
Según precisaron oficialmente, la plataforma acumuló 2.396 denuncias individuales durante los primeros cuatro meses del año.
El gobierno provincial sostuvo además que varias de las cláusulas observadas generarían un “desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores”, situación contemplada en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Entre los puntos cuestionados aparecen cláusulas relacionadas con la aceptación automática de modificaciones contractuales, la exoneración de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas, la posibilidad de realizar débitos sobre cuentas de terceros, limitaciones al acceso a la Justicia y el traslado de responsabilidades al usuario frente a operaciones no autorizadas.
También fueron observadas disposiciones vinculadas a la compensación entre cuentas, la fijación de jurisdicción exclusiva y mecanismos de caducidad automática por eventuales incumplimientos futuros.
Tras la imputación, la empresa fundada por Marcos Galperin tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo y proponer modificaciones o eliminaciones sobre las cláusulas señaladas. En caso contrario, podría enfrentar multas que alcanzarían los $1.815 millones.
La notificación ya fue enviada a la compañía, que además deberá acreditar personería y domicilio legal y electrónico en la ciudad de La Plata.
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