El Gobierno de La Pampa expresó un fuerte rechazo al proyecto de ley impulsado a nivel nacional que propone endurecer penas por “falsas denuncias”, especialmente en casos vinculados a violencia de género y delitos contra la integridad sexual.
A través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, la Provincia cuestionó la iniciativa y advirtió que se apoya en “narrativas sin sustento” que podrían tener efectos negativos sobre el acceso a la justicia, en particular para niños, niñas y adolescentes.
Desde el organismo señalaron que el proyecto, que avanza en el Senado, se inscribe en un conjunto de políticas que consideran regresivas y que impactan sobre la protección de derechos. En ese sentido, alertaron sobre un “deterioro sostenido” de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la instalación de la idea de una supuesta masividad de denuncias falsas. Según indicaron, este enfoque no solo carece de respaldo en la evidencia disponible, sino que además puede desalentar a las víctimas a denunciar situaciones de abuso o violencia.
“La difusión de estos discursos debilita la confianza en quienes denuncian y puede generar más silencio, temor y aislamiento”, advirtieron desde la cartera provincial, al tiempo que remarcaron que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil se producen en entornos cercanos, lo que ya de por sí dificulta los procesos de denuncia.
También se expresó preocupación por el impacto que este tipo de iniciativas podría tener sobre los equipos técnicos y profesionales que intervienen en estos casos, al considerar que su deslegitimación debilita los dispositivos de contención, detección y acompañamiento.
En ese marco, el Gobierno pampeano sostuvo que el proyecto podría afectar la disposición de las víctimas a denunciar, el funcionamiento de los equipos especializados y la construcción de espacios de confianza, elementos clave para el abordaje de estas problemáticas.
Finalmente, desde la Provincia reafirmaron la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral de las violencias, y remarcaron que garantizar que las víctimas sean escuchadas y protegidas debe ser una prioridad.
El posicionamiento de La Pampa suma un nuevo capítulo a las tensiones con el Gobierno nacional en materia de políticas sociales y de derechos, en un escenario donde varias provincias cuestionan cambios que consideran regresivos en áreas sensibles.
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