El Gobierno de La Pampa salió a garantizar la atención sanitaria del personal del Servicio Penitenciario Federal y de sus familias luego de la interrupción total de las prestaciones de la obra social que nuclea a los trabajadores del sector. En paralelo, la Provincia intimó formalmente a la entidad por una deuda acumulada que supera los 159 millones de pesos.
Desde el Ministerio de Salud provincial advirtieron que el último pago registrado por parte de la obra social data de diciembre de 2025 y señalaron que, ante la falta de respuestas del Estado nacional, la Provincia decidió intervenir para asegurar el acceso a la salud de los afiliados afectados.
El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, cuestionó el “abandono” del Gobierno nacional y sostuvo que la prioridad del Ejecutivo pampeano es garantizar el derecho constitucional a la atención médica.
“Nuestra prioridad absoluta, como marca el gobernador Sergio Ziliotto, es la salud de las y los pampeanos. Ante el corte de la obra social y el desamparo por parte de las autoridades nacionales, la Provincia intervino oportunamente para garantizarles la atención”, afirmó el funcionario.
Vera explicó además que la situación también alcanza a otras fuerzas federales. “Esto sucede también con la ex IOSFA, hoy dividida en dos nuevas obras sociales, y con Policía Federal, las cuales tienen interrumpida la cobertura en el subsector privado”, indicó.
En relación con la deuda acumulada por la obra social del Servicio Penitenciario Federal, el funcionario confirmó que la Provincia ya avanzó con medidas legales. “Se envió una Carta Documento intimando el pago de 159.958.633 pesos más intereses, otorgando un plazo de diez días para regularizar la situación antes de iniciar acciones judiciales”, detalló.
Según precisó, la deuda corresponde a prestaciones médicas ya realizadas por el sistema público provincial a beneficiarios debidamente registrados en las facturas emitidas por el Ministerio de Salud.
Desde el Gobierno provincial también alertaron sobre el impacto económico que esta situación genera en el sistema sanitario privado de La Pampa. Vera señaló que la falta de cobertura y el incumplimiento de pagos afectan directamente a clínicas, sanatorios y profesionales de la salud, comprometiendo salarios, puestos de trabajo y la adquisición de insumos médicos.
Preocupación por el programa Incluir Salud
El subsecretario también apuntó contra el desfinanciamiento del programa nacional Incluir Salud, destinado a personas que perciben pensiones no contributivas.
En La Pampa, el programa alcanza a 6.472 afiliados y mantiene una deuda superior a los 42 millones de pesos con el Ministerio de Salud provincial.
“A ello se suma que solo en marzo de 2026 la Provincia debió destinar más de 320 millones de pesos para cubrir prestaciones, mientras que Nación transfirió apenas 8 millones”, sostuvo Vera.
“La Provincia garantizó prestaciones cuarenta veces por encima de lo que pagó Nación”, agregó, al advertir que el financiamiento actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los usuarios.
“Desfinanciamiento y desentendimiento”
Por último, Vera cuestionó las políticas del Gobierno nacional y denunció contradicciones en el discurso oficial.
“El Gobierno nacional dice fomentar la actividad privada, pero al cortar los servicios de estas obras sociales termina asfixiando a clínicas y sanatorios locales. Además, obliga a la Provincia a hacerse cargo de obligaciones que le corresponden a Nación”, afirmó.
“Hablan de liberalismo, pero en la práctica esto es desfinanciamiento y desentendimiento. Nosotros creemos en un Estado eficiente que trabaje junto al subsector privado para garantizar la atención de los pacientes”, concluyó.
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