El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) firmaron un convenio de colaboración institucional destinado a fortalecer los mecanismos de control, facilitar el acceso a la información pública y mejorar la transparencia de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que reciben fondos públicos.
El acuerdo fue suscripto por el ministro Pascual Fernández y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, quien además actúa como órgano garante de la Ley de Acceso a la Información Pública. También participaron el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín.
Intercambio de información para fortalecer los controles
El convenio establece un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.
A partir de este acuerdo, ambos organismos podrán intercambiar información y verificar la documentación presentada por las entidades alcanzadas, contrastando los datos aportados ante la Fiscalía con los antecedentes registrales existentes en el organismo provincial.
La iniciativa está dirigida a las personas jurídicas privadas comprendidas en el artículo 5° de la Ley Provincial N° 3571 que hayan presentado, de manera voluntaria, documentación ante la FIA.
Asistencia para las entidades
Además de fortalecer las tareas de fiscalización y control, el convenio contempla acciones de acompañamiento para las organizaciones sin fines de lucro.
En ese marco, se brindará asesoramiento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa de acceso a la información pública y para mantener actualizada la documentación requerida por la legislación vigente.
Mayor transparencia
La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas aportará información sobre las presentaciones anuales obligatorias y otros requisitos legales que deben cumplir las entidades.
Con esta articulación institucional, el Gobierno provincial y la Fiscalía buscan fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos, mejorar el cumplimiento normativo y optimizar los mecanismos de control sobre las organizaciones que reciben financiamiento estatal.
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