El juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por la UBA y dispuso el cumplimiento inmediato de artículos centrales de la Ley 27.795. El magistrado consideró que la demora provoca perjuicios sobre los ingresos del sector y puede afectar el derecho constitucional a enseñar y aprender.
La Justicia federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, en el marco de una demanda contra el Decreto 759/2025.
La UBA cuestionó que ese decreto hubiera condicionado la aplicación efectiva de la norma a que el Congreso determinara las fuentes para financiarla, una decisión que la universidad calificó como un “fraude constitucional”.
En su resolución, Cormick sostuvo que una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial, el Poder Ejecutivo debía avanzar con la implementación de la ley.
Según el magistrado, el procedimiento legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.
También consideró que la falta de cumplimiento puede provocar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, especialmente por el deterioro de los ingresos de docentes y trabajadores alcanzados por la normativa.
El juez incorporó además otro argumento: la medida cautelar no afectaría el interés público y, por el contrario, sostuvo que la falta de aplicación de la ley podría comprometer el derecho constitucional a enseñar y aprender.
En cuanto al costo fiscal, la resolución señala que el impacto estimado sería equivalente al 0,23% del PBI, una cifra que el magistrado consideró poco significativa en relación con el presupuesto global de la Administración Pública.
Finalmente, ordenó al Gobierno nacional cumplir “de forma inmediata” con lo establecido en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795.
La resolución se conoce en medio de una nueva escalada del conflicto entre el Gobierno y los gremios universitarios.
La disputa judicial también está relacionada con un acta firmada el 10 de junio, que contemplaba la transferencia de fondos a las universidades nacionales para implementar una recomposición salarial del 24,33%.
El Ejecutivo había argumentado que ese acuerdo modificaba las circunstancias que habían dado origen a una cautelar anterior y había solicitado que fuera levantada.
Cormick rechazó ese planteo al considerar que el Estado no demostró que los acuerdos alcanzados hubieran solucionado de manera definitiva los problemas relacionados con la pérdida salarial, el deterioro de los ingresos y la caída del poder adquisitivo.
La decisión judicial se produce, además, en la antesala del paro nacional universitario de este miércoles 2 de septiembre, convocado después de que los sindicatos rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno.
De esta manera, el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales continúa abierto simultáneamente en el terreno salarial, político y judicial.
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