El juez federal Martín Cormick consideró que el Ejecutivo no cumplió en su totalidad con la cautelar que obliga a aplicar aspectos de la Ley 27.795. Advirtió que, vencido el plazo, podrán aplicarse multas por cada día de demora. El rector de la UNLPam, Francisco Marull, destacó el alcance de la resolución.
La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El magistrado consideró que “no existe cumplimiento total de la cautelar”, que se encuentra firme, e intimó al Estado nacional a cumplirla en un plazo perentorio de cinco días. En caso contrario, advirtió que podrán aplicarse astreintes, es decir, multas por cada día de demora.
La medida cautelar había sido confirmada en marzo por la Cámara y posteriormente quedó firme luego de una resolución de la Corte Suprema del 25 de junio.
Qué reclama la Justicia
La Ley 27.795 establece mecanismos de actualización vinculados al financiamiento del sistema universitario y a los salarios de docentes y nodocentes. La norma fue publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025.
En la causa judicial, la cautelar obliga específicamente al Estado nacional a dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la ley.
El Gobierno había planteado ante el juzgado que las medidas adoptadas posteriormente permitían considerar cumplida la cautelar. Cormick rechazó esa posición al determinar que su ejecución no había sido completa y mantuvo vigente la orden judicial.
Marull: “Aún resta saldar parte de lo adeudado”
Tras conocerse la resolución, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, analizó sus alcances y destacó que el juez no aceptara el planteo presentado por el Ejecutivo.
Según explicó Marull, el Gobierno argumentaba que los incrementos otorgados y otras transferencias realizadas permitían considerar cumplida la cautelar. Sin embargo, señaló que la nueva resolución establece que todavía resta ejecutar parte de lo ordenado.
El rector explicó además que el apercibimiento dispuesto por Cormick contempla la aplicación de astreintes, sanciones económicas que podrían comenzar a acumularse si, una vez vencido el plazo establecido, persiste el incumplimiento.
Marull también indicó que la causa continúa hacia la resolución de la cuestión de fondo, donde se discute la validez del decreto del Poder Ejecutivo que condicionó la aplicación de la ley. La cautelar vigente había dejado sin efecto provisionalmente esa restricción mientras continúa el proceso judicial.
El rector consideró que la decisión constituye además un antecedente relevante en momentos en que el financiamiento de las universidades vuelve a formar parte de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso.
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