La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo y ahora pone el foco en los vínculos comerciales de su esposa, Bettina Angeletti, propietaria de la consultora ontológica +BE. El juez federal Ariel Lijo ordenó a varias compañías privadas que entreguen facturas, contratos y toda la documentación relacionada con las actividades de la firma.
La medida alcanza al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a Foggia Group, compañías que mantuvieron relaciones comerciales con la consultora de Angeletti y que, al mismo tiempo, poseen contratos o vínculos con organismos estatales.
La causa se tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Manuel Adorni. En ese contexto, el magistrado busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento o beneficio económico irregular hacia la empresa de la esposa del funcionario.
Uno de los casos bajo análisis es el del Grupo Datco, proveedor tecnológico de distintos organismos públicos y empresas estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, áreas que mantienen relación institucional con la Jefatura de Gabinete.
También quedó bajo la lupa National Shipping S.A., firma dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y considerada una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni ocupa un cargo como director titular.
En tanto, Foggia Group aparece mencionada por sus vínculos políticos y comerciales con el oficialismo. La empresa, encabezada por Mara Gorini, estuvo ligada a la organización de eventos libertarios y espectáculos donde participó el presidente Javier Milei, incluyendo presentaciones en el Luna Park, el Movistar Arena y encuentros de La Derecha Fest.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien apuntó a un presunto esquema de relaciones comerciales entre empresas proveedoras del Estado y la consultora de Angeletti.
Según surge del expediente judicial, una de las hipótesis que analiza la Justicia es la posible existencia de un circuito de retornos de fondos públicos a través de contrataciones privadas vinculadas al entorno familiar del jefe de Gabinete.
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