En una movida anunciada y con la firme determinación de frenar lo que considera un «ajuste ilegal» sobre los derechos de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes una acción de amparo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley de Modernización Laboral, oficializada ayer en el Boletín Oficial mediante el decreto 137/2026.
El recurso legal recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, quien deberá definir los pasos a seguir en las próximas horas. La presentación judicial materializa el conflicto que la CGT había anticipado el pasado lunes, cuando lideró una masiva movilización hacia la sede de la Corte Suprema, en Plaza Lavalle, en señal de protesta por la norma sancionada por el Congreso el 27 de febrero.
Una reforma de fondo con puntos controversiales
La ley cuestionada introduce modificaciones estructurales al régimen laboral argentino, con impacto directo sobre la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el sistema de convenios colectivos y los servicios mínimos en conflictos gremiales. También contempla la creación de nuevos fondos de contingencia. En el centro de la polémica aparece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para el pago de indemnizaciones, pero que, según la CGT, encubre una pérdida de derechos.
Entre los puntos más resistidos por la central sindical se encuentran:
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La posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas.
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La eliminación del pago de horas extras en ciertos esquemas.
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La habilitación para que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del FAL.
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La reducción de sanciones para empleadores que incumplan obligaciones patronales o no realicen aportes.
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La flexibilización de los convenios colectivos por empresa, lo que, advierten, atenta contra la negociación paritaria por rama de actividad.
Argumentos jurídicos: «violación del 14 bis»
Para la CGT, la norma no solo es regresiva, sino que vulnera principios elementales del derecho laboral consagrados en la Constitución Nacional. En el escrito presentado ante la Justicia, la central obrera sostiene que la reforma atenta contra el principio de progresividad, también conocido como de no regresión, que impide al Estado adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en materia de derechos sociales.
Asimismo, denuncian una afectación directa al principio protectorio, piedra basal del derecho del trabajo, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca equilibrar la balanza para evitar abusos contra la parte más débil de la relación laboral.
«La reforma impacta sobre garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución», advierte la presentación, mencionando expresamente:
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La protección contra el despido arbitrario.
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El derecho de huelga.
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La negociación colectiva.
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La libertad sindical y la libre agremiación.
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La seguridad social.
«Confiamos en la objetividad de la Justicia»
Durante la movilización del lunes, Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, había sido tajante: «Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional». Esas palabras resumen la estrategia gremial: llevar el conflicto al terreno judicial, con la expectativa de que un fallo favorable frene la aplicación de la ley.
El contexto político y legislativo
La ley de Modernización Laboral fue aprobada en el Congreso gracias a una mayoría circunstancial conformada por el oficialismo, gobernadores aliados, el PRO y la UCR. La sanción representó una victoria legislativa para el presidente Javier Milei, pero también abrió un frente de conflicto con el sindicalismo, que promete no bajar los brazos.
Ahora, la pelota queda del lado del juez Lavie Pico, quien deberá evaluar si concede una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley mientras se analiza su constitucionalidad. Mientras tanto, la CGT ya anticipó que continuará con medidas de acción y movilización en defensa de lo que considera «derechos conquistados que no están en discusión».
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