La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la movilización prevista para el próximo 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en la antesala del Día del Trabajador, y dejó abierta la puerta a una posible profundización del plan de lucha contra el Gobierno nacional.
El cotitular de la central obrera, Cristian Jerónimo, advirtió que el escenario social se encuentra en creciente tensión y no descartó nuevas medidas de fuerza. “No descartamos nada. El clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien”, sostuvo el dirigente en declaraciones radiales.
Jerónimo, quien además encabeza el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina, remarcó que el mundo del trabajo atraviesa un momento crítico, marcado por la pérdida de empleos y el cierre de empresas.
“La situación es muy difícil. Los trabajadores no la están pasando bien. Tenemos que hacernos escuchar y mostrar el descontento que existe en la sociedad con este proceso político y económico”, afirmó.
La CGT ya concretó cuatro paros generales desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, en un contexto de creciente confrontación con el Ejecutivo. Según el dirigente, actualmente no existe un canal de diálogo con el Gobierno: “Si este es el rumbo, no estamos de acuerdo”.
En ese sentido, cuestionó el impacto del ajuste económico sobre los ingresos: “No hay salario que alcance, el costo de vida es altísimo y el endeudamiento de las familias es terrible”.
Respecto a la reforma laboral, Jerónimo destacó un reciente fallo judicial favorable a la central obrera, que declaró inconstitucionales varios artículos de la normativa impulsada por el oficialismo. “Se rechazaron 82 artículos que avasallan derechos colectivos e individuales de los trabajadores”, señaló.
Además, advirtió sobre la caída del poder adquisitivo, que estimó entre un 26% y un 30%, y alertó por la situación del sistema de salud. “Las obras sociales ya prácticamente no pueden cubrir más prestaciones”, afirmó, al tiempo que denunció un fuerte desfinanciamiento del sector.
La movilización del 30 de abril se perfila así como un nuevo punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo y el Gobierno, en un escenario donde la conflictividad social continúa en ascenso.
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