La caída de la recaudación tributaria se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y las provincias. En un contexto de menor actividad económica y retracción de ingresos, gobernadores de distintos signos políticos siguen de cerca los datos que difunde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que de ellos dependen buena parte de sus cuentas públicas.
El último dato encendió señales de alarma. En febrero, la recaudación tributaria totalizó $16,2 billones y acumuló su séptima caída consecutiva en términos reales. Aunque los ingresos crecieron un 20% interanual en términos nominales, la inflación dejó como saldo una baja real cercana al 9%.
La merma en los recursos impacta de manera directa en la coparticipación que reciben las provincias y también en sus ingresos propios. Esto limita la capacidad de los gobiernos provinciales para afrontar reclamos salariales de empleados estatales, docentes y fuerzas de seguridad, que comenzaron a multiplicarse en distintas jurisdicciones.
En varias provincias ya se registran paros y medidas de fuerza, mientras los mandatarios sostienen que las ofertas salariales realizadas representan el máximo esfuerzo posible en medio de una situación fiscal cada vez más ajustada.
Entre los distritos más afectados aparecen Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta, Río Negro, San Juan, Jujuy, La Rioja y Catamarca. Allí conviven tanto gobernadores enfrentados con la Casa Rosada, como el bonaerense Axel Kicillof, como dirigentes con mejor vínculo con el Gobierno nacional, entre ellos el rionegrino Alberto Weretilneck.
La caída de la recaudación también golpea las transferencias automáticas hacia las provincias. En enero, esos envíos mostraron una baja real cercana al 8%, lo que profundizó la preocupación de los gobernadores por la falta de recursos para sostener el funcionamiento de sus administraciones.
En este escenario, los mandatarios provinciales consideran insuficiente el reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para compensar la pérdida de ingresos. Por ahora evitan confrontar de manera abierta con la administración de Javier Milei y buscan mantener abiertas las negociaciones con la Casa Rosada para obtener algún mecanismo de compensación.
La relación, sin embargo, podría tensarse rápidamente. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con proyectos clave de su agenda legislativa, y buena parte de esos votos dependen de legisladores alineados con los gobernadores. Tras acompañar varias iniciativas oficiales durante las sesiones extraordinarias, muchos mandatarios esperan ahora algún gesto de reciprocidad desde Nación.
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