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BAIRES, AGOSTO 20:En el marco del explosivo crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales ante una serie de denuncias por abusos e incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor. FOTO NA: Comunicación Pública PBA
El Gobierno bonaerense anunció que recurrirá a la Justicia por la presunta malversación de recursos del Fondo Hídrico. Según el ministro Gabriel Katopodis, hay casi 340 mil millones de pesos que no fueron destinados a obras hidráulicas. La Provincia también cuestionó la falta de autorización de créditos internacionales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en La Plata, de la que también participó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El conflicto gira en torno a la utilización del Fondo Hídrico, financiado con una parte de los impuestos a los combustibles y destinado a obras de infraestructura para prevenir inundaciones.
Según Katopodis, el Gobierno nacional ejecuta apenas uno de cada tres pesos de esos recursos y mantiene sin aplicar un saldo de 339.993 millones de pesos.
La Provincia denuncia un presunto desvío de recursos
“Por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, Milei, al ministro de Economía, Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad”, anunció Katopodis.
El funcionario sostuvo que los fondos que deberían financiar obras hidráulicas fueron destinados a operaciones financieras, una acusación que deberá ser examinada por la Justicia.
La administración bonaerense considera que la falta de ejecución de esos recursos compromete la capacidad de respuesta frente a posibles inundaciones, especialmente en un escenario de riesgo de precipitaciones intensas.
Katopodis advirtió que las condiciones climáticas de los próximos meses podrían agravar la situación en distintas regiones de la provincia.
“Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy, pero muy grave”, afirmó.
Reclamos por obras y créditos internacionales
El ministro también cuestionó la falta de autorización nacional para acceder a financiamiento externo destinado a infraestructura.
Según explicó, mientras otras diez provincias obtuvieron avales para 18 préstamos por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires continúa esperando autorizaciones para proyectos que considera prioritarios.
Entre las obras mencionadas figuran las correspondientes a las cuencas San Francisco-Las Piedras y al río Salado, fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.
Katopodis también reclamó por un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial destinado a infraestructura de prevención de inundaciones que, según afirmó, permanece sin ejecutar.
También cuestionan los aumentos de AySA
Durante la conferencia, el Gobierno bonaerense anunció que participará el próximo 26 de octubre de la audiencia pública convocada por el Estado nacional para discutir la situación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La Provincia adelantó que impugnará los aumentos tarifarios y expresará su rechazo al proceso de privatización de la empresa.
Katopodis aseguró que las tarifas acumulan incrementos superiores al 500% y reclamó garantías para la continuidad de las obras de ampliación de las redes de agua potable y cloacas.
La controversia por el Fondo Hídrico suma así un nuevo capítulo a las diferencias entre las administraciones nacional y bonaerense sobre el financiamiento de la obra pública.
Por el momento, se trata de una denuncia penal anunciada por el Ejecutivo provincial. Las acusaciones sobre el destino de los fondos deberán ser investigadas y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
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